Orizaba, Ver.- El sistema de impartición de justicia en la región de Orizaba enfrenta un rezago importante, ineficacia operativa y prácticas que no han cambiado pese a la reciente puesta en marcha de la Ciudad Judicial, denunció el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Salazar Torres.
El litigante señaló que, a pesar de contar con instalaciones nuevas, los juzgados arrastran los mismos vicios del pasado, con atrasos significativos en los procesos y jueces con poca experiencia, lo que ha impactado negativamente en la atención de los asuntos.
Mencionó que a ello se suma una actitud apática por parte de algunos trabajadores, derivada en parte de conflictos sindicales, lo que retrasa aún más la resolución de casos.
Ante este panorama, Salazar Torres informó que, con la llegada de una nueva fiscal y una nueva presidenta del Poder Judicial, los abogados buscan impulsar una reingeniería institucional que permita dar mayor dinamismo al sistema y avanzar hacia una justicia más pronta y expedita.
El también presidente de la Barra de Abogados de Orizaba reconoció que la corrupción persiste, pero subrayó la necesidad de establecer nuevos mecanismos de participación y control ciudadano.
En ese sentido, propuso la creación de un Consejo Ciudadano en Procuración de Justicia y otro en Aplicación de Justicia, con la finalidad de que, de manera mensual, comisiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJEV) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudan a recibir quejas y retroalimentación directa de los abogados, para corregir fallas y mejorar el funcionamiento del sistema.
El presidente de la Barra de Abogados expresó el descontento del gremio ante lo que calificó como un distanciamiento de las autoridades judiciales.
Recordó que durante la inauguración de la Ciudad Judicial no se permitió el acceso a los abogados sino hasta el final del acto, lo que consideró un mal inicio, al excluir a quienes conocen de primera mano la realidad cotidiana de los justiciables y de los centros penitenciarios.
Asimismo, reconoció deficiencias en las instalaciones, como espacios reducidos y una planeación inadecuada de algunas áreas, pero enfatizó que lo prioritario no son servicios complementarios como restaurantes u hoteles, sino garantizar condiciones básicas de acceso para la población.
En particular, denunció abusos por parte de taxistas que cobran tarifas superiores a los 80 pesos para trasladar a usuarios a la Ciudad Judicial, lo que perjudica principalmente a personas de escasos recursos provenientes de municipios como La Perla y Acultzingo.
Ante ello, exigió la intervención de Tránsito y la aplicación de la ley, además de considerar la implementación de transporte, incluso gratuito, para evitar mayores injusticias a la ciudadanía.
