Orizaba, Ver.- En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos cuestionaron los resultados del llamado Año de la Mujer Indígena 2025, decretado por el gobierno federal. La abogada Elizabeth Guevara Mitzi señaló que, pese a la declaratoria, las condiciones de acceso a la justicia para las mujeres indígenas continúan prácticamente iguales, particularmente en la zona centro del estado y en la sierra de Zongolica.
Reveló que Veracruz es el cuarto estado del país con mayor población indígena: 1.1 millones de habitantes pertenecientes a 14 pueblos originarios, siendo el náhuatl la lengua más hablada.
Sin embargo, 19.1 por ciento de las personas indígenas mayores de 15 años sigue siendo analfabeta, lo que se convierte en un obstáculo adicional para acceder a las instituciones, especialmente en regiones de alta marginación.
De acuerdo con la organización Kalli Luz Marina, que brinda acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres de las grandes montañas, las condiciones de las indígenas que buscan justicia no han cambiado durante 2025.
En la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidios, Familia y Trata de Personas de Zongolica sólo laboran dos mujeres, ninguna hablante de náhuatl y sin presencia de intérpretes o traductoras. Además, el área de servicios periciales permanece incompleta, lo que obliga a que las víctimas tengan que trasladarse hasta Orizaba para completar dictámenes como los de trabajo social.
Acusó que el Poder Judicial también tiene rezagos. En un caso acompañado por la organización, la audiencia inicial ha sido diferida más de cuatro veces debido a la falta de un defensor público que represente al investigado. Esta situación, ajena a la víctima, retrasa el proceso y vulnera su derecho a la justicia.
“El acceso efectivo a la justicia para mujeres indígenas no puede estar condicionado por la falta de personal”.
Indicó que las acciones federales, estatales y municipales de este año, considerado oficialmente como el de la mujer indígena, quedaron cortas, afirmaron.
La entrega de la “cartilla de las mujeres”, que no fue elaborada en lenguas originarias, no representa un avance significativo, especialmente en una región donde el náhuatl, aunque hablado, no es comúnmente leído.
Asimismo, recordó que los Centros Libres de Veracruz requieren recursos permanentes para garantizar asesoría y representación legal durante todo el año y no sólo por seis meses.
Mientras tanto, la violencia feminicida continúa en aumento.
Asimismo, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV) reportó hasta la fecha 59 feminicidios en el estado; septiembre fue el mes más letal con 12 casos.
Del total, 42 víctimas eran mujeres adultas, dos menores de edad y ocho adultas mayores.
50 de los feminicidios ocurrieron en espacios públicos, y en 21 casos aún no se especifica la causa de muerte. También se han identificado 669 desapariciones de mujeres y niñas: 474 han sido localizadas, 194 siguen sin ser encontradas y 19 fueron halladas sin vida.
Las acciones federales, estatales y municipales de este año, considerado oficialmente como el de la mujer indígena, quedaron bastante cortas. “El acceso efectivo a la justicia para mujeres indígenas no puede estar condicionado por la falta de personal” ■ Foto Juan José Enríquez
