Río Blanco, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) asestó un duro golpe al exalcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, al imponerle una sanción que lo mantendrá fuera de cualquier contienda electoral durante los próximos seis años, tras acreditarse que ejerció Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en perjuicio de una exintegrante de su propio cabildo.
La resolución, derivada del expediente TEV-PES-6/2024, determinó que el exmunícipe incurrió en una serie de acciones encaminadas a obstaculizar, desacreditar y limitar el desempeño de quien se desempeñó como Síndica Única Municipal durante la administración 2022-2025, configurando actos de violencia simbólica, discriminación y abuso de poder.
La sentencia quedó exhibida en la tabla de avisos del Palacio Municipal de Río Blanco.
De acuerdo con la sentencia, Pérez García fue considerado reincidente y deberá permanecer inscrito durante seis años en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por violencia política de género, medida que prácticamente sepulta cualquier aspiración política inmediata.
Entre las conductas acreditadas por la autoridad electoral destacan el despido reiterado de personal adscrito al área de la funcionaria afectada, la negativa de proporcionar información e inventarios municipales necesarios para el desempeño de sus funciones, así como la difusión de mensajes y publicaciones con contenido misógino que buscaban desacreditar su capacidad para ejercer el cargo público.
Como parte de las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal, el exalcalde estaba obligado a publicar un extracto de la sentencia condenatoria; sin embargo, al no cumplir con dicha disposición, el TEV instruyó al Ayuntamiento de Río Blanco a exhibir públicamente la resolución.
Desde el pasado 4 de junio, la cédula de notificación y el resumen de la sentencia permanecen colocados en los estrados del Palacio Municipal para conocimiento de la ciudadanía, donde permanecerán visibles durante 30 días hábiles.
Además de la inhabilitación política, el exedil deberá cubrir una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y acreditar cursos relacionados con derechos humanos, nuevas masculinidades y lenguaje incluyente.
La resolución ha sido considerada como un precedente en la lucha contra la violencia política de género, al enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales para quienes utilicen cargos públicos para vulnerar los derechos de las mujeres en el ejercicio de sus funciones.
