Los salarios contractuales se contrajeron en octubre 3.68 por ciento en términos reales, por lo que el avance del poder adquisitivo de los trabajadores observado en septiembre se desvaneció, pese a que el nivel inflacionario comenzó a ser menor en el periodo de referencia, según estadísticas oficiales.
El dato correspondiente al décimo mes se colocó como el más bajo desde abril del año pasado, cuando el comportamiento de las revisiones salariales comenzó a ubicarse en terreno negativo.
En octubre el promedio nominal pactado en las negociaciones de la jurisdicción federal fue de 4.4 por ciento, pero al descontar el efecto de la inflación se tradujo en un retroceso de 3.68 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En días recientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el periodo de referencia la inflación fue de 8.41 por ciento a tasa anual, monto que aún se ubica fuera del objetivo del Banco de México (BdeM), el cual es 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.
En términos nominales, el promedio de los salarios contractuales fue el menor en los últimos 12 meses, pero también lo que va del año. El promedio real es el más bajo en los últimos 19 meses, pues en marzo de 2021 culminó el periodo más extenso en el que el poder adquisitivo de los trabajadores observó mejoras.
El dato de octubre de este año también superó al promedio real que se observó en igual mes de 2017, el cual fue de 2.40 por ciento. Aunque en septiembre el promedio real de los salarios contractuales se ubicó en terreno negativo al ser de 0.15 por ciento, se observó una mejoría respecto a agosto, cuando fue de -3.38 por ciento.
En los últimos 19 meses los salarios contractuales sólo han sido positivos en marzo, mayo y julio de este año, cuando registraron incrementaron 0.97, 0.55 y 1.19 por ciento, respectivamente.
Antes del actual periodo de altibajos, entre noviembre de 2018 y marzo del año pasado el poder adquisitivo observó mejoras, luego de que se deterioró entre enero de 2017 e igual mes de 2018 por causa del alto nivel inflacionario que originó la liberalización de los precios de las gasolinas.
En octubre se realizaron 302 revisiones salariales, las cuales involucraron a 617 mil 814 trabajadores, el mayor número en lo que va de 2022. El promedio nominal acumulado en los 10 primeros meses del año se ubicó en 5.8 por ciento, pero en términos reales se contrajo 2.09 por ciento.
Del total de revisiones hechas en octubre, seis corresponden al sector público e involucraron a 475 mil trabajadores, cuyo poder adquisitivo tuvo mayor afectación, pues el promedio nominal fue de 3.5 por ciento, que al descontar la inflación representó un retroceso de 4.50 por ciento.
Las otras 296 negociaciones corresponden al sector privado e involucraron a 142 mil 808 empleados, quienes recibieron un aumento nominal de 7.4 por ciento, que se tradujo en una contracción de 0.97 por ciento real.
Los trabajadores de servicios profesionales, científicos y técnicos obtuvieron un aumento de 2.0 por ciento nominal, que significó un decremento de 5.91 por ciento real.
En contraste, empleados de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas recibieron un incremento de 31 por ciento en términos nominales, dato que al descontar la inflación se tradujo en un avance de 20.84 por ciento.
Recuperó el fisco $147 mil millones de grandes empresas
La estrategia de fiscalizar a grandes contribuyentes representó ingresos por 147 mil 518 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), prácticamente uno de cada dos pesos que el fisco recuperó vía auditorías y solicitudes de corrección entre enero y septiembre de 2022.
“Si bien el cumplimiento voluntario es preferido a las acciones de fiscalización, los esfuerzos adicionales no se han relajado, por lo que entre enero y septiembre de 2022 se fiscalizó a 866 grandes contribuyentes, 79.3 por ciento más que en 2018”, reporta el organismo en su Informe Tributario y de Gestión al tercer trimestre.
Como resultado de esas auditoría y revisiones a grandes contribuyentes –entre los que se cuentan aquellos con ingresos anuales por arriba de mil 567 millones de pesos–, el fisco ha recuperado hasta septiembre un recurso que equivale al 62 por ciento del gasto total que este año absorberá la pensión universal para adultos mayores.
El SAT exhibe que la estrategia de fiscalizar a grandes contribuyentes sigue aportando prácticamente la mitad de la recaudación secundaria –la cual se logra después de auditorías, verificaciones, incluso visitas domiciliarias–, pero se redujo 4.8 por ciento respecto al periodo comparable del año pasado.
Los recursos recuperados con las auditorías y revisiones a grandes contribuyentes se mantienen desde el año pasado en torno a 48 por ciento de lo recuperado a través de actos de fiscalización, a la par de que el organismo ha reorientado parte de sus revisiones hacia otro tipo de causantes, y muestran un incremento respecto al 45 por ciento registrado en el periodo comparable de 2018.
El organismo detalla que provenientes de los 12 mil 206 registros que pertenecen a grandes contribuyentes se ingresaron un billón 354 mil 703 millones de pesos entre enero y septiembre de 2022, 47 por ciento de la recaudación total, no sólo secundaria. Parte del monto se debe a que “éstos retienen el impuesto al valor agregado de los bienes y servicios gravados que venden, el cual es pagado por los consumidores, para posteriormente enterarlo al SAT”, detalla.
Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), declaró que los más seguro es que el gobierno federal logre las metas de recaudación contenidas en la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año. “No tenemos duda de que se va a recaudar el porcentaje que se tiene previsto”, declaró en la más reciente conferencia de prensa del organismo. “Ya se tiene el camino conocido, a través de los grandes contribuyentes”.
El 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa que entre 20 y 30 grandes contribuyentes que estaban en un proceso de auditoría, “empresas nacionales y también extranjeras”, deben 100 mil millones de pesos y se busca negociar con ellos para que paguen y no se inclinen por prácticas dilatorias a través de procesos judiciales.
