Orizaba, Ver.- Hasta 2024, 312 mujeres continúan desaparecidas, según cifras recientes. Ante esta situación, María de la Cruz Jaimes, presidenta del colectivo feminista Cihuatlahtolli de Orizaba, denunció que la impunidad perpetúa el problema y que las autoridades locales obstaculizan el acceso a la justicia.
De acuerdo con datos oficiales del estado, el año pasado hubo 64 feminicidios y 78 homicidios de mujeres. Además, se reportaron 826 desapariciones de las cuales 507 fueron localizadas con vida, siete sin vida y 312 siguen sin ser encontradas. «Estas cifras reflejan la persistente violencia contra las mujeres y la ausencia de una respuesta efectiva por parte del gobierno», agregó Jaimes.
Uno de los principales problemas, según Jaimes, es la falta de acción de las fiscalías especializadas en delitos de género, que no castigan a los responsables, permitiendo que reincidan.
Jaimes también expuso que los institutos municipales de la mujer de la región de Orizaba tienen acuerdos para evitar que las víctimas denuncien. En lugar de brindar apoyo real, estos organismos fuerzan conciliaciones entre las víctimas y sus agresores, promoviendo la revictimización y permitiendo que las agresiones continúen sin consecuencias.
«No son hechos aislados, tienen raíces ancestrales y la falta de castigo las perpetúa. Las agredidas no encuentran respaldo en las instituciones que deberían protegerlas», recriminó Jaimes.
Lamentó que, a pesar de las alertas de violencia de género declaradas en el estado, los feminicidios y las desapariciones sigan ocurriendo. «Los datos reflejan que las estrategias gubernamentales han sido insuficientes y que las víctimas no encuentran acceso a la justicia ni a la protección necesaria», señaló.
Organizaciones feministas y colectivos han exigido que las autoridades dejen de minimizar el problema y garanticen la seguridad de la población femenina. Entre sus demandas se encuentran: sanciones efectivas a los agresores para romper el ciclo de impunidad, mayor transparencia y rendición de cuentas de las fiscalías especializadas.
Asimismo, han solicitado la eliminación de acuerdos que impidan la denuncia en los institutos municipales de la mujer, protocolos de búsqueda y rescate más eficientes para las mujeres desaparecidas. «Mientras las cifras de violencia contra ellas sigan en aumento y las instituciones sigan sin cumplir su función, la crisis persistirá», concluyó.
El La denuncia de colectivos como Cihuatlahtolli pone de manifiesto una dura realidad en Veracruz: ser mujer implica vivir con miedo y sin garantías de justicia.
