Orizaba, Ver.- Desde el Congreso del Estado de Veracruz se impulsa una iniciativa de reforma legal que busca evitar que personas con antecedentes de violencia accedan a cargos de elección popular o de servicio público. La propuesta es liderada por la diputada local del PVEM por Orizaba, Nallely Mendoza Camarillo, quien destacó la importancia de garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía lo hagan con integridad, honestidad y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa pretende modificar los artículos 23, 43 y 69 del marco legal veracruzano, con el fin de establecer claramente que ninguna persona que tenga antecedentes por violencia de género, deudas alimenticias o delitos relacionados con abuso de poder —incluyendo conductas sexuales inapropiadas— pueda aspirar a un cargo de representación popular.
Mendoza Camarillo explicó que hasta ahora, la ley sólo contemplaba de manera general la existencia de antecedentes, sin especificar el tipo de delitos que impedían a una persona postularse. Con esta reforma, se pretende cerrar esa laguna legal y dejar claro que la violencia, especialmente contra mujeres y niños, no debe tener cabida en la vida pública.
“Es tiempo de poner un alto a quienes creen que desde el poder pueden seguir violentando. Esta reforma busca evitar que los victimarios encuentren impunidad o refugio en el perdón social. Queremos enviar un mensaje claro: en Veracruz no estamos dispuestos a permitir que quienes dañan a la sociedad nos representen”, declaró la legisladora.
La propuesta surge en un contexto donde cada vez son más visibles los casos de servidores públicos con antecedentes de violencia que, pese a ello, logran llegar a cargos de poder. Según señaló la diputada, esto no sólo refleja una falta de rigor legal, sino también una incongruencia entre el discurso político y los actos concretos.
“Hay que tener congruencia, no sólo en el discurso sino también en los hechos. No podemos hablar de respeto, justicia y valores cuando permitimos que personas con conductas violentas estén en el servicio público. Como funcionarios tenemos la obligación de ser ejemplo, de representar dignamente a quienes nos eligieron”, subrayó.
La militante del partido Verde destacó que esta iniciativa representa un avance significativo para la sociedad veracruzana, ya que promueve la construcción de un entorno más seguro, justo y equitativo. Afirmó que se trata de un primer paso hacia una transformación legal y cultural, en la que se priorice el bienestar social por encima de los intereses políticos o personales.
“Queremos que en Veracruz nos represente gente honesta, gente que de verdad quiere hacer algo por su estado y por su país. No se puede ejercer el poder por el poder, tiene que ser un ejercicio legítimo, ético y legal”, dijo la diputada.
La iniciativa será discutida próximamente en el Congreso local, donde se espera que tenga un respaldo mayoritario debido a su carácter social y su importancia en la lucha contra la impunidad y la violencia de género.
Con esta reforma, Veracruz podría colocarse a la vanguardia en la promoción de una política pública con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, estableciendo un precedente importante a nivel nacional.
