Junio de 2026 cerró con el promedio diario de homicidios dolosos más bajo registrado en el país desde 2015: 45.4 por día, una reducción de 48 por ciento frente al pico de septiembre de 2024. El dato confirma que la estrategia de seguridad de la actual administración federal produce resultados medibles y sostenidos, no sólo en el discurso sino en el registro duro de carpetas de investigación que documenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Veracruz no forma parte de esa trayectoria. Entre enero y junio del año en curso, la entidad acumuló 447 víctimas de homicidio doloso, la octava cifra más alta del país y el 5 por ciento del total nacional. La reducción respecto al mismo periodo de 2025 fue de apenas 0.2 por ciento, la más baja entre las 29 entidades que sí lograron algún descenso. Estados como San Luis Potosí, Zacatecas o Guanajuato redujeron su incidencia entre 50 y 82 por ciento en el mismo lapso. Veracruz, prácticamente, se mantuvo inmóvil mientras el país avanzaba.
Ese estancamiento tiene una geografía precisa. De enero a abril, la región sur del estado concentró el 24.6 por ciento de los homicidios dolosos estatales, con Coatzacoalcos a la cabeza y Acayucan, Minatitlán, Cosoleacaque y Las Choapas completando el corredor. La misma zona registra incrementos en extorsión y otros delitos vinculados a disputa territorial de organizaciones criminales. La encuesta de percepción del Inegi, publicada este mes, confirma el cuadro desde otro ángulo: Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz muestran alzas estadísticamente significativas en la sensación de inseguridad, mientras Xalapa se mantiene por debajo del promedio nacional.
Lo que explica ese estancamiento no se agota en el sur. Veracruz es, de punta a punta, un corredor completo del crimen organizado: por Pánuco y la franja limítrofe con Tamaulipas transitan armas y drogas hacia el centro del país; por los puertos de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos salen drogas sintéticas hacia Europa y entra el tráfico de personas que documentan la CNDH y estudios académicos desde hace más de una década. Es la posición geográfica —litoral, ductos de Pemex, infraestructura petroquímica y carretera— la que convierte a la entidad completa en activo estratégico para al menos media docena de organizaciones criminales, no sólo a su franja meridional.
Ese corredor se consolidó bajo un gobierno estatal que administró el periodo con la opacidad y la connivencia que hoy documentan decenas de procesos judiciales: el de Javier Duarte, heredero político de Fidel Herrera, su padrino en la gubernatura. La entrega de territorio, la desarticulación de las corporaciones policiales y el pacto tácito con estructuras criminales durante esa administración explican, en una proporción determinante, por qué Veracruz llega a esta etapa con un aparato de seguridad estatal más débil que el de otras entidades hoy en franco descenso. El desajuste estructural de la etapa neoliberal aportó el terreno; el tándem Herrera-Duarte lo convirtió en control efectivo del crimen organizado sobre buena parte del territorio.
Reconocer esta excepción no resta mérito a la política nacional de seguridad. La consolida, porque delimita con precisión dónde falla su aplicación local. Ese ensamblaje, además, excede la capacidad de un solo gobierno estatal: Veracruz concentra puertos de altura, refinerías, ductos de Pemex y la columna carretera que conecta el centro del país con el Golfo, además de la disputa simultánea de al menos media docena de organizaciones criminales. Ninguna otra entidad combina tantos activos estratégicos en un territorio tan poroso, y las mismas ventajas que hacen de Veracruz un polo natural para el comercio formal son las que la economía criminal transnacional aprovecha para mover drogas, armas y personas.
Enfrentar ese corredor con recursos exclusivamente estatales equivale a pedirle a Veracruz que resuelva sola un problema de escala federal. Ningún gobierno estatal, por eficaz que sea, tiene capacidad de inteligencia, logística y presupuesto para vigilar simultáneamente media docena de organizaciones criminales, tres puertos de altura, cientos de kilómetros de ductos y la columna carretera que conecta el golfo con el centro del país. Ese tamaño de problema exige una respuesta a la misma escala, y esa escala sólo la tiene la Federación.
La cooperación que necesita Veracruz no puede ser la de siempre: operativos puntuales tras cada hecho de sangre, seguidos de meses de baja intensidad. Requiere un despliegue permanente y proactivo de Guardia Nacional (GN), Marina y las capacidades de inteligencia financiera del gobierno federal en todo el corredor, de Pánuco a Coatzacoalcos, sostenido con la misma constancia con la que se ha aplicado en otras rutas críticas del narcotráfico. El estancamiento de 0.2 por ciento no mide un fallo local: mide la magnitud de un problema que el estado, por sí solo, no puede resolver. Cerrar la brecha que dejó el periodo Herrera-Duarte depende, en lo esencial, de que la federación asuma ese corredor como una prioridad propia, no como una tarea delegada a Veracruz.
