Movimiento Ciudadano acusó persecución política después de que la Fiscalía General del Estado promovió ante el Congreso de Veracruz dos solicitudes de declaración de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de ese partido. El comunicado, firmado por su dirigencia estatal, habla de actuación selectiva de las instituciones y exige neutralidad a la Fiscalía. Conviene mirar qué hay detrás de los dos expedientes antes de aceptar esa lectura.
El caso de Ixhuatlán del Sureste estaría vinculado con la investigación por la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán. El de Úrsulo Galván estaría relacionado con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas. Un asesinato de una periodista y la desaparición de dos personas son los hechos que motivan los procedimientos. Llamar a eso persecución política exige explicar por qué esos delitos no ameritan que la Fiscalía actúe con la misma rapidez que exige el propio partido para otros casos que, según su comunicado, avanzan con lentitud.
El desafuero, además, no determina culpabilidad ni sustituye ninguna investigación. Es un procedimiento legislativo que retira la inmunidad procesal para que un servidor público pueda ser investigado y procesado como cualquier ciudadano. Los expedientes están en la Comisión Permanente Instructora del Congreso, los alcaldes ya fueron notificados y cuentan con siete días para responder por escrito o comparecer, y se requieren dos terceras partes del Congreso para retirar el fuero. Ese es el mecanismo diseñado precisamente para que el fuero no funcione como blindaje frente a delitos graves, sea cual sea el partido del funcionario señalado.
MC tiene razón en un punto: ninguna institución debe usarse como brazo ejecutor contra adversarios políticos, y la vigilancia sobre la actuación de la Fiscalía es legítima y necesaria. Pero esa vigilancia pierde fuerza cuando se ejerce sin distinguir entre un uso faccioso del aparato de justicia y la aplicación de la ley ante un homicidio y una desaparición. Convertir cualquier proceso judicial contra un correligionario en presunta persecución, sin más argumento que la pertenencia partidista de los investigados, devalúa la palabra persecución y dificulta señalarla cuando ocurre de verdad.
El comunicado invoca además los gobiernos de Cuitláhuac García y de Rocío Nahle para hablar de una persecución sostenida contra opositores, periodistas y académicos. Es una acusación seria que merece sustento con casos y nombres, no una mención genérica dentro de un pronunciamiento centrado en dos alcaldes. Mientras eso no ocurra, el argumento de fondo sigue siendo el mismo: hay un asesinato y una desaparición sobre la mesa, y el Congreso de Veracruz tiene ahora la obligación de revisar las pruebas con el mismo rigor que exigiría cualquier otro caso, sin que la militancia del funcionario investigado sea un factor de exención ni de sospecha.
