Por la puerta de atrás con la finalidad de evadir la protesta de los familiares de personas desaparecidas que se plantaron a las afueras del recinto legislativo para exigir que sean atendidos, la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, ingresó al Congreso del Estado para comparecer frente a los diputados.
En la comparecencia, Hernández Giadáns advirtió que el año pasado se iniciaron 139 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres, donde 68 fueron clasificadas como feminicidios; de este universo de delitos, solo se judicializaron 66 casos, además de la detención de 74 probables feminicidas el año pasado, pero que estos no cometieron el delito en 2022, sino que corresponden a crímenes de años anteriores.
“Como mujer, mi prioridad siempre será fortalecer las capacidades e intervención especializada y profesional, en todos aquellos asuntos con motivo de la muerte violenta de mujeres, actuando conforme a derecho y a los protocolos especializados de feminicidio”, indicó.
Agregó que el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) logró 27 sentencias condenatorias, con penas entre 55 y 142 años de prisión por el delito de feminicidio.
“En relación con el programa Alerta Amber, se activaron 258 cédulas, lográndose la localización en 233 casos, la efectividad fue de más del 90 por ciento”, indicó.
8 sentencias por desaparición forzada; en 2022, 272 casos
Antes de la comparecencia de Verónica Hernández Giadáns, al menos una decena de colectivos de personas desaparecidas en Veracruz se manifestaron a las afueras del Congreso local, donde reprocharon que las mesas de trabajo en la búsqueda de sus seres queridos se suspendieron desde antes que fuera declarada la emergencia sanitaria por covid-19.
Victoria Delgadillo Romero, miembro del colectivo Familias Enlaces Xalapa, quien busca a su hija Yuneli Citlali Hernández Delgadillo, desaparecida el 28 de noviembre de 2011, reprochó que en los últimos tres años no han podido avanzar con las carpetas de investigación de personas desaparecidas de larga data.
“Había mesas de trabajo que se llevaban a cabo en palacio de gobierno y la Fiscalía, entonces los casos no avanzan, otros sí llevan avances porque son las familias las que han entregado resultados, entonces lo que queremos que, como ella ha dicho que nos ha atendido y todo eso, cosa que no es así, por eso estamos aquí, que nos sigan dando las mesas de trabajo”.
Lamentó que hasta el momento no les han dado respuesta de los motivos por los cuales no se reanudan las mesas de trabajo, incluso han enviado escritos solicitando su renovación, pero no tienen respuesta.
En la comparecencia Hernández Giadáns minimizó los reclamos de los familiares de las víctimas y advirtió que se han atendido hasta de manera virtual.
“En materia de desaparición de personas, sensibles a las necesidades de las víctimas y atendiendo al profundo dolor que causa este flagelo, hemos fortalecido a la fiscalía especializada con recurso humano, materiales y de espacios. Se entregaron certificaciones de especialidad en búsqueda de personas a fiscales, peritos y policías de investigación adscritos a la fiscalía especializada de atención a personas desaparecidas”.
Reconoció que el año pasado iniciaron mil 295 carpetas de investigación por la desaparición de personas de las cuales se localizaron mil 23, es decir, 272 personas continúan sin localizar, lo que representa el 21 por ciento de las desapariciones en 2022.
“En mi gestión se han judicializado 55 carpetas de investigación; se obtuvieron 196 órdenes de aprehensión de las cuales se han ejecutado 117, y se han logrado siete sentencias condenatorias de hasta 100 años. Es importante resaltar que en todo el país solo se han emitido 36 sentencias por desaparición, de las cuales ocho se han obtenido en Veracruz”, destacó Hernández Giadáns.
Expresó que se continúa con los trabajos de recuperación y exhumación de restos humanos en 60 fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio veracruzano, donde destacan La Guapota, El Arbolillo, Atzacan, Campo Grande, ejido Mata Ortiz, Juan de Alfaro, El Manguito, así como en diversos municipios del estado, recuperando 95 individuos, pero omitió revelar cuántos cuerpos se han entregado a las familias.
La fiscal agregó que de tener dos arqueólogos, ahora cuentan con seis, con lo que pueden atender de forma simultánea tres intervenciones en distintas partes del estado.
Identificación de víctimas
En la búsqueda de personas desaparecidas en fosarios clandestinos orquestados por el crimen organizado señaló que lograron analizar 434 individuos, donde tuvieron que contratar y capacitar a peritos necesarios para conformar los 5 equipos multidisciplinarios adscritos a esta unidad, cuando antes solo se contaba con uno.
En ese sentido, la fiscal general destacó el trabajo de la Unidad Integral de los Servicios Médico Forense en el municipio de Nogales, donde prevé que para este 2023 haya un aumento en las identificaciones.
“En 2021, cuando solo se contaba con el equipo de Xalapa, se logró la identificación de 22 individuos y en 2022 con la Unidad de Nogales se logró la identificación de 92 individuos. Se ha aumentado la efectividad en la obtención de perfiles genéticos, que en 2021 fue de 615 y este 2022 se llegó a la cifra de dos mil 165, lo que representa un incremento de 252 por ciento”.
Finalmente, Verónica Hernández Giadáns afirmó que el año pasado iniciaron 88 mil 699 carpetas de investigación, donde se determinaron 54 mil 572, es decir, faltan por ser concretadas 34 mil 127, lo que representa un 38.47 por ciento del total de los expedientes abiertos el año pasado.
“Se obtuvieron 478 sentencias, lo que representó un incremento en las mismas de casi 200 por ciento con penas ejemplares como en el delito de desaparición de 100 años, secuestro de 125, y feminicidio de 142”, indicó.
En la comparecencia, los diputados de la bancada de Morena se volcaron en lisonjas a la fiscal, no así los legisladores de oposición, quienes cuestionaron algunos datos del discurso oficial sin ahondar en detalles.
FGE pasó por alto resolución de la CNDH por crimen de rectora de la Valladolid
A pesar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), determinó que July Raquel Flores Gerfias, sentenciada por el crimen de la rectora de la Universidad Valladolid, fue víctima de tortura y otras vejaciones cometidas por agentes ministeriales de Veracruz, no se ejerció acción penal en contra de los elementos policiacos.
Así lo confirmó la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, tras ser cuestionada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Maribel Hernández Topete, sobre si se inició carpeta de investigación contra los agentes ministeriales que llevaron a cabo la detención de July Raquel en la Ciudad de México.
Hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51VG/2022 señalando July Raquel fue víctima de tortura, amenazas y sufrió agresiones sexuales en su traslado a Veracruz, luego de ser aprehendida en Ciudad de México el 7 de noviembre de 2020, cinco meses después del crimen, parte de policías ministeriales de Veracruz que llevaron a cabo su detención.
July Raquel fue sentenciada a 60 años de prisión por su presunta participación el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido en junio de 2020.
Por el asesinato de la rectora, suman 3 personas detenidas por su relación con el crimen, que incluyen a Alberto, hermano de July, así como un sujeto identificado como Fernando Enrique “N”, por su probable responsabilidad en el crimen de la rectora.
“Se inició una carpeta de investigación, se llevó a cabo toda la investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es un caso que causó estado y pues se continuó como cualquier otro, determinando que no hubo ese trato inhumano y cruel al que se hace referencia”, respondió Verónica Giadáns a la legisladora.
