Orizaba, Ver.- Un nuevo escándalo por corrupción golpea a la clase política de Orizaba. Una ciudadana interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la que señala al menos a siete exfuncionarios públicos –entre ellos al exalcalde, diputado local con licencia y ahora candidato a la presidencia municipal de Orizaba, Igor Fidel Rojí López, de haber participado en un entramado de fraude judicial y despojo ilegal.
La denuncia gira en torno a un predio ubicado en la colonia Santa María Tlachichilco, del cual la denunciante es legítima heredera tras el fallecimiento de su madre en diciembre de 2022.
Refirió que al acudir en 2024 a verificar la propiedad, encontró la barda demolida y obras de reconstrucción en curso. Se supo que el cuidador de confianza, Alberto Girón Miranda, había sido desalojado violentamente por personas que se identificaron como actuarios del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en un operativo que data de diciembre de 2021.
El caso se torna más alarmante por la participación de figuras del sistema judicial y de seguridad pública.
Entre los señalados figuran: Esthefani Campos Flores, actuaria del juzgado; Mario Arturo Guzmán García, enlace jurídico de la policía estatal; e Iván Emmanuel Diz Pérez, el juez que dictó la sentencia cuestionada.
También fueron denunciados Carlos José Díaz Corrales, Arturo Jiménez Romero, Antonia Muñoz Aguilar y Rojí López.
La gravedad de la acusación no reside únicamente en el despojo individual, sino en lo que parece ser una red bien estructurada de corrupción judicial y administrativa.
El abogado de la denunciante descubrió que en los juicios civiles 2894/2021 y 649/2022 se utilizaron simulaciones, incluyendo la presentación de una persona fallecida como albacea legal, lo que habría facilitado el traspaso fraudulento del inmueble.
Este modus operandi –que combina falsedades legales, abuso de autoridad y violencia– ha llevado a la denunciante a hablar de un posible cártel inmobiliario que opera en Orizaba, con conexiones en el poder político local.
En particular, señaló la posible participación de la familia Sosa Luna, cercanos al exalcalde Rojí. La exregidora Rocío Sosa Luna –que estuvo en la administración 2018-2021– fue mencionada como pieza clave en esta red.
De acuerdo al expediente que obra en poder de la redacción, se expone que los delitos imputados van desde el fraude procesal y despojo, hasta amenazas, abuso de autoridad y uso indebido de funciones públicas.
La denunciante exigió una investigación profunda y transparente, por lo que advirtió que la impunidad en este caso sentaría un grave precedente sobre el uso del aparato judicial como herramienta de despojo patrimonial.
El silencio oficial hasta el momento no hace más que reforzar las sospechas de que detrás de este caso se esconde algo mucho más grande que un conflicto por una sola propiedad: una red que mezcla intereses económicos, manipulación judicial y poder político.
