Con velas encendidas, banderas multicolor y la imagen de Alexis Noé Velázquez Delgado, una joven trans asesinada en Emiliano Zapata, integrantes de la comunidad LGBT+ y representantes de la Iglesia anglicana alzaron la voz para exigir que el transfeminicidio sea tipificado como delito en el Código Penal de Veracruz.
La protesta partió del memorial de víctimas LGBT+ en la avenida Araucarias, frente al Panteón Palo Verde, con el nombre de Alexis como centro de una exigencia mayor: reconocer el odio por identidad de género como violencia de género.
“El transfeminicidio es real, tiene cuerpo, tiene muchos nombres, lamentablemente. Pero hoy uno de ellos es Alexis”, expresó Mavis Cid, directora de Orgullo Xalapa al tomar el micrófono.
Un vacío legal que deja fuera a las mujeres trans
Cid denunció que Alexis “soñaba, vivía y resistía, pero fue asesinada por atreverse a vivir en su identidad trans en un mundo que aún castiga la diferencia con muerte”.
La activista cuestionó que el Código Penal de Veracruz no reconoce a las mujeres trans dentro de la figura de feminicidio, lo que deja sus crímenes fuera del marco de justicia con perspectiva de género.
“El Código Penal actual nos deja fuera. Nosotras quedamos en un limbo donde nuestros asesinatos no son reconocidos como crímenes de odio por razones de género”, reclamó.
En un llamado directo a las autoridades, preguntó:
“¿Acaso nuestra sangre vale menos, acaso nuestras vidas no cuentan?”
Y exigió: “Queremos justicia con nombre y apellido. Queremos leyes que nos protejan”.
El transfeminicidio debe existir en la ley para ser castigado
La protesta concluyó con una oración dedicada a Alexis. “Hoy oramos por Alexis, pero mañana y todos los días seguiremos luchando para que su muerte no haya sido en vano”, dijo una participante. “El transfeminicidio existe, debe nombrarse y debe castigarse”, enfatizó.
El acto, cargado de simbolismo, subrayó que cada crimen contra una persona trans representa una falla del Estado que por omisión o indiferencia permite que estas violencias se repitan sin consecuencias claras.
“No queremos más altares en las calles. No queremos más nombres en nuestras listas. Queremos justicia viva, no memoria póstuma”, concluyeron.
Veracruz, entre las entidades con más desaparecidos
Veracruz se mantiene entre las entidades con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en México de acuerdo con el informe “Desaparecer otra vez”, presentado por Amnistía Internacional el martes 8 de julio.
Con corte al 10 de este mes de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 6 mil 983 casos en Veracruz, colocándolo junto a Jalisco, Tamaulipas y Estado de México entre los estados más afectados por esta crisis nacional que suma más de 130 mil personas desaparecidas.
A esta situación se suma la crisis forense con más de 72 mil cuerpos sin identificar y casi 5 mil 700 fosas clandestinas a nivel nacional.
Colectivos veracruzanos enfrentan amenazas y violencia sin protección suficiente
El informe de Amnistía Internacional documenta que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha incorporado a 330 personas buscadoras, de las cuales 73 por ciento son mujeres. Además, se ha brindado apoyo a 134 colectivos, siendo Veracruz el tercer estado con mayor número de grupos integrados (12), sólo por debajo de Michoacán (15) y Guanajuato (14).
Las principales agresiones contra personas buscadoras incluyen:
Amenazas, seguimiento y vigilancia; agresiones físicas, privación de la vida de familiares; y allanamientos de domicilio.
80 por ciento de los ataques proviene de perpetradores no identificados, pero el resto ha sido atribuido a autoridades estatales (9 por ciento), crimen organizado (7 por ciento), Guardia Nacional y Defensa (2 por ciento) y autoridades municipales (2 por ciento).
Falta de reconocimiento y respuestas institucionales
Amnistía Internacional señala que, en muchos casos las mujeres buscadoras no son reconocidas como defensoras de derechos humanos, lo que limita su acceso a medidas de protección. Las autoridades niegan su incorporación a los mecanismos bajo el argumento de que el riesgo deriva de su condición de víctimas y no de su labor social.
También se identificaron obstáculos como la exigencia de denuncias formales o pruebas directas de agresiones, a pesar de que muchas enfrentan hostigamiento o vigilancia difícil de documentar.
Impunidad estructural y llamado urgente al Estado
El informe concluye que la impunidad en los casos de desaparición alimenta la violencia contra quienes buscan a sus familiares. Sin medidas preventivas y protección efectiva, los mecanismos actuales resultan insuficientes e insostenibles.
Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que reconozca plenamente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y garantice medidas de protección individualizadas para que puedan seguir con su labor sin miedo a represalias.
