Córdoba, Ver.- El torrencial aguacero que cayó este miércoles en la región no fue obstáculo para que transportistas afiliados al Sindicato de Materialistas de la Región de Córdoba-CROC se plantaron en la construcción del Centro de Rehabilitación de Toxpan, a cargo de la empresa Grupaem, para exigir el pago de una deuda de 300 mil pesos por servicios contratados.
A decir del representante de los afectados, Antero Flores, la obra que se ejecuta es por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual contrató a la empresa Grupaem, de la ciudad de Xalapa, y que ahora les ha retrasado los pagos a los transportistas de materiales.
“Venimos trabajando desde hace varios años para la industria de la construcción, apoyando la ejecución de diversas obras, entre ellas un parque, el Campo de San Nicolás; eran cuatro obras y la empresa nos contrató para proporcionar el acarreo con los camiones de volteos, sin precisar el número de los afectados, y que ahora se niega a pagar el servicio prestado”.
Explicó que la organización sindical afiliada a la CROC fue la encargada de suministrar agregados como arena, grava, piedra, entre otros materiales más.
Por tal motivo el adeudo rebasa los 300 mil pesos, “nos prometieron que el año pasado 2022 nos pagaban y desde febrero de este año no lo han cubierto, ya ni siquiera nos contestan las llamadas a un número de celular que nos proporcionaron”, abundó.
Ante esta situación no nos dejó otra alternativa que “manifestarnos, realizando un plantón pacífico como medida de protesta en Córdoba, pero no se descarta acudir a las autoridades correspondientes y presentar la denuncia respectiva que garantice el pago del adeudo” dijo, por último.
Se aprueba reforma a la ley para delitos en materia de hidrocarburos
La Comisión de Energía, que preside el diputado Manuel Rodríguez González (Morena), aprobó por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 13 y 21 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, relativo a su armonización legislativa.
La propuesta refiere que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos cambió, ya no existe, se abrogó y es imperante armonizarla, a fin de que las sanciones se apliquen conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En este sentido, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) aseguró que con la aprobación de dicha legislación se distribuyen competencias entre los órdenes de gobierno, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, sanciones, faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Al definir la armonización administrativa, agregó, es menos probable generar contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre, con lo que se impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.
