Orizaba, Ver.- Las agresiones y acoso sexual en las escuelas públicas y privadas no se detienen por dos factores principales: una terrible inacción de la Fiscalía General del Estado, una creciente protección de los sindicatos magisteriales hacia sus agremiados, “pese a que haya señalamientos”, acusa María de la Cruz Jaimes, representante del colectivo feminista Cihuatlahtolli.
Al respecto afirma que “mientras exista la complicidad de sindicatos, que tendrían que tener una posición muy clara en contra del acoso hacia alumnas y alumnos, lo que hacen es, ya sea por conveniencia política sindical, van a proteger siempre a sus agremiados.
”Yo estoy a favor del sindicalismo, pero no de un sindicalismo que solape este tipo de agresiones que enfrentan alumnas y alumnos en las diferentes escuelas; ahora a mí me parece que independientemente que el sindicato lo proteja, tiene que haber una intervención firme y tajante por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), porque a ellos le corresponde, porque al final aunque el docente sea sindicalizado, también es un trabajador al que no le paga sus sindicatos, sino que le paga la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.
Los sindicatos “tienen una responsabilidad para enfrentar todo tipo de violencia de género en los planteles educativos”. En el colectivo “sí ha sido una denuncia de alguna manera recurrente y efectivamente con lo que nos hemos topado es pues precisamente con la complicidad, por llamarla así, de los distintos sindicatos magisteriales que a toda costa tratan de encubrir a estos profesores, que son agresores”.
Según el colectivo Cihuatlahtolli, otro de los factores que inciden en este problema es la falta de conocimiento de las autoridades para estos casos “es que el Instituto Veracruzano de las Mujeres, no tenga capacidad para aceptar o el Secretario de Gobierno, no tenga esa capacidad de sentar a todas estas instituciones y realmente llevar a cabo a cabo lo que se señala como la transversalidad de género, que tendría que ver que todas las instituciones y todos los sindicatos, también en casos de éstos, en lugar de encubrir, dé todas las facilidades para sancionar a quien realmente ha sido frecuentemente señalado como agresor o como acosador”.
María de la Cruz asegura que una de las dependencias que interviene en estos hechos “es la Fiscalía General del Estado y todo indica que habría o una instrucción, girada a todas las fiscalías, que busquen que la víctima desista el mayor número de denuncias por violencia y en este caso pues obviamente también en las escuelas, por todo ello, es muy complicado que esto concluya porque el estado enfrenta esta problemática, si no hay voluntad de las instancias correspondientes”.
Este martes, alumnas y padres de familia de la Escuela de Bachilleres América de Ciudad Mendoza denunciaron públicamente presuntos actos de acoso sexual por parte de un docente en contra de alumnas de ese plantel.
