Orizaba, Ver.- Durante la pandemia por covid 19 empresas mexicanas e incluso dependencias de gobierno “recortaron puestos de trabajo y eliminaron derechos” lo que acrecentó el daño de la economía de la clase trabajadora, afirma la Unión Nacional de Trabajadores, y exige que esta circunstancia “debe modificarse para alentar el consumo, preservar los derechos laborales y ampliar el mercado interno”.
En un documento de esta agrupación sindical, distribuido por la Sección 8 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) con sede en Orizaba, se señala que la clase obrera del país permanece económica y laboralmente en una situación precaria.
Para ello, este organismo propone una serie de medidas que, consideran, podría mejorar las condiciones de la clase trabajadora
“La inclusión de los trabajadores en el proceso de cambio que requiere el país; una política de Estado para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios contractuales. Valoramos los esfuerzos del Gobierno Federal para mejorar gradualmente el poder de compra de los salarios mínimos generales, pero debemos hacer notar que, en el caso de los salarios contractuales aún prevalecen las caducas políticas de contención salarial”.
Por otra parte
“En numerosas empresas e incluso en dependencias de gobierno, se aprovechó la situación derivada de la pandemia para recortar puestos de trabajo y eliminar derechos, en perjuicio de la economía de los trabajadores que, por otra parte, ha resentido el incremento de las tasas de interés. Esta circunstancia debe modificarse para alentar el consumo, preservar los derechos laborales y ampliar el mercado interno”.
Otra de las propuestas que se hacen es el
“Establecimiento del seguro de desempleo y de políticas de estado para fomentar el empleo productivo y de calidad; reforma fiscal progresiva para incidir en la redistribución del ingreso y generar recursos e inversión productiva por parte del Estado y en lo inmediato promover la desgravación de las prestaciones sociales a los trabajadores; recuperar soberanía en sectores productivos estratégicos”.
Asimismo
“Se requiere de una ampliación de los presupuestos destinados a educación, ciencia, tecnología y cultura con el propósito de crear los cuadros técnicos y científicos que el país requiere para modernizar su planta productiva, además de propiciar el desarrollo integral de todos los mexicanos; crear una reforma integral del sistema de salud y seguridad social del país”.
Otro planteamiento que se hace es impulsar políticas públicas para combatir la violencia, así como la discriminación por motivos de género y erradicar los feminicidios. En este sentido, urge avanzar en la implementación y armonización con las normas nacionales y contratos colectivos del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para combatir la violencia en el trabajo en contra de las mujeres. Nos pronunciamos por una política de estado para promover la participación paritaria de hombres y mujeres, impulsando la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
”En 2018, millones de ciudadanos plasmaron en las urnas un contundente e inequívoco mandato de cambio. A cuatro años de distancia, es cada vez más evidente que para materializar este cambio es indispensable involucrar a todos los sectores sociales, del campo y la ciudad en un intenso proceso de diálogo social para sentar las bases de un nuevo régimen económico, político y social”, destaca.
