Más de 120 carpetas de investigación se han presentado por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto daño patrimonial, las cuales involucran un monto de 30 mil millones y a la fecha no se conoce cuál es su estatus, expuso el diputado local Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT)
Para conocer el avance de estas denuncias los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Orfis consideran ir a las fiscalías a solicitar la información de estos asuntos, algunos de los cuales datan de 2017.
De igual forma, analizan hacer una modificación a la Ley para que el Orfis pueda dar seguimiento a las querellas, ya que en algunos casos se detectó a ayuntamientos reincidentes.
“Porque ni el Orfis sabe cuál es la (sanción) que pudieron haberle aplicado a algunos exfuncionarios públicos. Estamos hablando de (casos de) 2017. No están ocultando a ningún partido político, todos tienen observaciones”.
Dio a conocer que en algunos casos, los auditores externos se convierten en internos y pasan a ser “amigos” de los alcaldes y son los que “solapan” la certificación de documentos, razón porque se les ha quitado a muchas de estas figuras.
“Es un tema de mucha corrupción de daño patrimonial (…) la Comisión de Vigilancia es plural y acordamos todos los partidos ir a solicitar a las fiscalías cuál es el estatus de esas carpetas y quién realmente está procesado o quién ya subsanó, pues la ley les debe permitir devolver el dinero, la reparación de daño”, subrayó.
En conferencia de prensa, el legislador del Partido del Trabajo citó como ejemplo de las situaciones que se detectaron en el ayuntamiento de Altotonga, el cual tiene siete carpetas de investigación de diferentes ejercicios.
Por último, adelantó que en la reciente cuenta pública 2021, hay 190 municipios que tienen observaciones, las cuales están subsanando.
