El magistrado José Octavio Rodarte Ibarra, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, fue retirado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); en consecuencia, se anunció la readscripción de la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, esto según información oficial.
El togado José Octavio Rodarte Ibarra fue señalado públicamente por el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez el pasado 4 de octubre del 2022, tras haber otorgado amparos federales para dejar en libertad a los tres presuntos involucrados en el asesinato del reportero Jacinto Romero, ocurrido el 19 de agosto del 2021 en el municipio de Ixtaczoquitlán.
Así también, Rodarte Ibarra concedió amparo federal a la ex diputada federal perredista Norma Azucena “N”, detenida en septiembre del 2021, como presunta involucrada en el homicidio del candidato suplente por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la alcaldía de Tihuatlán, Nicanor “N”, ocurrido la noche del 30 de junio de 2021 en ese municipio.
En la queja pública, el gobernador observó que el pueblo veracruzano tiene derecho a conocer a quienes conforman el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, los magistrados del Poder Judicial Federal, José Saturnino Suero Alba, Antonio Soto Martínez y José Octavio Rodarte, así como los jueces federales, José Ezequiel Santos Álvarez y Alejandro Quijano Álvarez.
En la conferencia de prensa celebrada por el gobernador el martes 4 de octubre del 2022, exigió “al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación ponerse de lado de la sociedad veracruzana, que dejen de lado la opacidad con que operan algunos jueces federales y los llame a rendir cuentas de frente a la sociedad y a las víctimas”.
Cabe mencionar que el lunes 3 de octubre por la noche quedaron en libertad los acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el regidor electo de Morena, Roberto “N”; la cosmetóloga Ana Laura “N”, y Casto Emilio, acusados de presuntamente participar en el asesinato del reportero, y que según los jueces federales se les concedió el amparo a consecuencia de que la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadáns no integró debidamente las carpetas de investigación.
A 23 días de los señalamientos, el jueves 27 de octubre el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo que surtió efecto a partir del martes primero de noviembre, en el que informa del retiro del magistrado José Octavio Rodarte Ibarra.
El Consejo de la Judicatura también anunció la readscripción de la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, del Estado de México, al Segundo Colegiado con sede en Boca del Río.
El acuerdo de la Judicatura refiere lo siguiente: “la integración de este Tribunal Colegiado, a partir del primero de noviembre del año en curso, será la siguiente: magistrado José Saturnino Suero Alba; magistrada María Elena Leguízamo Ferrer y magistrado Antonio Soto Martínez”.
