Luego de la decisión de la Corte de invalidar las reformas a la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se vuelve a acotar el uso de recursos públicos en la promoción de funcionarios.
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, recordó que recobraría vigencia la ley anterior, que limita el uso de recursos públicos en la promoción personalizada de funcionarios, lo que se podrá sancionar.
Explicó que al momento no se han interpuesto denuncias por actos anticipados de campaña, la pinta de bardas en promoción de las corcholatas presidenciales, o incluso por la politización del desfile del 1 de Mayo, donde algunas organizaciones de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se promocionaron, “estaríamos atentos a que estos señalamientos puedan oficializarse por los canales adecuados”.
Con la determinación de la Corte, comentó, se estaría regresando a los antecedentes de la propaganda gubernamental y se tendría que ajustar el panorama de las futuras elecciones, “y hacemos un llamado a los actuales actores públicos a respetar”.
Comentó que en este momento no hay quejas o señalamientos contra ningún grupo, por lo que tendrá que esperar a que se arme un expediente para poder analizar los hechos y ver si son constitutivos de un delito.
La consejera comentó que, de mantenerse el criterio de los ministros respecto del resto de la Reforma Electoral, la organización de las elecciones se daría en base a la pasada ley que obligaba al Instituto Nacional Electoral (INE) a instalarse en el mes de septiembre, para iniciar con la organización de las elecciones de presidente, senadores y diputados federales.
Y en el caso del OPLE tendría que hacer lo propio antes del 10 de noviembre, fecha límite para empezar con los trabajos para la elección de gobernador y de diputados locales.
