Existe una seria preocupación entre los vecinos aledaños a las instalaciones donde se ubicaba la fábrica de fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), debido a movimientos de tierra, basura y escombro que por las noches se llevan a cabo, además de la presencia de maquinaria pesada y limpieza total del inmueble durante los últimos días.
Lo anterior hace suponer a los colindantes que se llevó a cabo la venta y liberación del sitio, en el cual, se presume, aún hay dioxinas y furanos que fueron liberados tras la explosión de la que fue la formuladora de plaguicidas en 1991.
Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa AC, solicitó a través de un escrito enviado al presidente municipal de Córdoba, Juan Martínez, y a su cabildo, se transparente el proceso de posible autorización para uso, venta y manejo del predio.
“Bajo el derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional, me dirijo a ustedes con todo respeto para pedir se haga del conocimiento público el marco de gestión administrativa y solicitud de licencias y permisos llevado a cabo para la posible liberación, venta y uso del casco abandonado de lo que fuese la formuladora de plaguicidas ANAVERSA que explotó en 1991 en nuestra ciudad, caso acreedor de la Recomendación 99/91 de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”.
Cabe recordar que el desastre de Anaversa es emblemático por el nivel de complicidad e impunidad que lo enmarcó y el efecto devastador que causó en la salud de cientos de cordobeses.
Ante ello el 28 de abril de 2022 el cabildo de Córdoba reconoció como un desastre lo ocurrido y se acordó gestionar junto con la asociación que encabeza Huerta Rivadeneyra la remediación ambiental del sitio ante las autoridades respectivas.
A casi 32 años de la tragedia los afectados temen se desencadene una nueva contaminación del ambiente por ello solicitan al cabildo de Córdoba se aclare la situación legal del inmueble ya que consideran es un foco rojo en materia de salud.
¿Cómo ocurrió la explosión?
El 3 de mayo de 1991, un cortocircuito provocó que la fábrica de fertilizantes Anaversa explotara y expulsara toxinas y dioxinas provenientes de los productos químicos que manipulaban en las instalaciones ubicadas en la Avenida 11, cerca de la estación de ferrocarril.
A más de tres décadas de lo ocurrido, la Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa AC estima que miles de personas han fallecido debido a la liberación de dioxinas que, entre otras enfermedades, les ha provocado cáncer de testículos, mama, cuello, riñón y cerebro.
Cemda: al menos 24 defensores ambientales, asesinados en 2022
En 2022 al menos 24 defensores ambientales fueron asesinados. En ese año se registraron un total de 197 eventos de agresión contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, así como la tierra y territorio de personas y comunidades defensoras en México, en los que se perpetraron un mínimo de 582 agresiones diversas, dio a conocer el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que destacó que estos resultados colocan a este año con el mayor número de actos de este tipo, desde 2014, cuando la organización condujo su primera investigación.
Indicó que al igual que en 2021, el sector minero fue el que más eventos de agresión cometió, seguido del de biodiversidad (protección, cuidado y defensa de las áreas naturales protegidas), forestal (deforestación), vías de comunicación y el hídrico.
Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo de Cemda, resaltó que las agresiones contra las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales se siguen dirigiendo, principalmente, en contra de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, ya que el 56 por ciento de los eventos de este tipo fueron contra ellos.
En conferencia, al presentar un informe en la materia, expuso que 2022 fue el tercer año “más letal, detrás de 2017 y 2021, alcanzando la cifra de 82 personas defensoras ambientales asesinadas durante la actual administración federal”.
Entre los estados con más agresiones letales en 2022 están Guerrero, con al menos siete, seguido de Chihuahua, Oaxaca y Puebla.
Cemda detalló que de los 24 defensores asesinados, siete presentaron características de constituir probables ejecuciones extrajudiciales debido a la denuncia de participación de agentes del Estado en distintos niveles.
En cuanto a los tipos de agresión, al igual que en 2021, la más frecuente fue la intimidación con 148 registros, le siguen el hostigamiento (116), las amenazas (64) y las agresiones físicas (61 registros).
Cemda informó también nueve casos de desaparición en 2022, dos de ellos probables desapariciones forzadas, al igual que dos casos de espionaje relacionados con el Tren Maya y otro con proyectos en Guerrero.
En 23 de los 32 estados de la República (71.8 por ciento del territorio nacional) se registró, por lo menos, un evento de agresión. Al igual que en el 2021, Oaxaca aparece como la entidad con más casos (34), elevando la cifra con relación al año anterior en que ocurrieron 24. En segundo lugar, se encuentra la Ciudad de México, con 27 agresiones, y en tercer lugar Chihuahua, con 21.
Indicó que las comunidades indígenas que más agresiones resistieron fueron las zapotecas con 27; en segundo lugar, las nahuas (16 eventos de agresión) y, en tercer lugar, las comunidades tepehuanas u odamis en Chihuahua (14 eventos).
Respecto a los agentes de la agresión, 45 por ciento fue perpetrado por alguna autoridad de gobierno de los tres niveles (federal, estatal y municipal), fiscalías estatales y federal; cuerpos militares con tareas de seguridad pública como Guardia Nacional.
En segundo lugar aparece el agente agresor con la categoría No identificado (21 por ciento), ubicado así ya sea por la falta de esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades o bien, debido a la falta de denuncia y, por tanto, de la investigación de las violaciones a derechos humanos y delitos perpetrados. En tercer lugar, aparece la delincuencia organizada, representando el 13 por ciento.
Ante este contexto, Alanís Ortega urgió a “atajar la impunidad, que es prácticamente del 100 por ciento. No hay investigación, no hay acusados, no hay nadie sentenciado o en la cárcel. Necesitamos que el Estado mexicano deje de ser omiso y haga su trabajo como le corresponde”.
Asimismo, demandó una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales y que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos “tenga suficientes recursos humanos y financieros, que le permitan hacer su trabajo adecuadamente”. Igualmente, “entrarle fuerte a la implementación del acuerdo de Escazú que entró en vigor hace dos años”, para garantizar un ambiente seguro.
