El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió la declaratoria de la tercera Alerta por Violencia de Género en Veracruz, “ante el creciente contexto de desapariciones de mujeres y niñas en el estado, y el retraso injustificado por parte de la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para emitir el informe de desaparición”.
La coordinadora del Observatorio, María de la Luz Estrada, indicó que han pasado casi 5 años desde que se solicitó la alerta y la gravedad de la situación demanda una respuesta inmediata y efectiva para garantizar el derecho a vivir libres de violencia.
En mayo de 2019, organizaciones como el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli AC presentaron una solicitud de alerta por desaparición de mujeres y niñas en un contexto criminal en Veracruz. Sin embargo, la Conavim determinó acumularla a la primera Alerta de Violencia de Género del 2016, porque según la autoridad federal se trataban de los mismos hechos.
Pese a ello, el 8 de julio de 2021 se admitió la solicitud y se inició la investigación, pero transcurrieron más de dos años para emitir el informe que dé cuenta de la situación de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes.
El Observatorio afirma que este retraso viola el debido proceso y demuestra una falta de atención urgente a una situación que se ha vuelto cada vez más crítica, dado que, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a la fecha hay un total de 4 mil 724 mujeres desaparecidas, sin precisar cuántas han sido localizadas y cuántas no. Los municipios con mayor número de casos son Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica y Orizaba.
Demandó la instalación o fortalecimiento de células de búsqueda municipales, el fortalecimiento de la unidad de análisis y contexto de delitos de género asociados a desapariciones, como feminicidio y trata. Además, la actualización e implementación adecuada del Protocolo Alba y del Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, el fortalecimiento de acciones dirigidas a la población migrante, incluyendo medidas de difusión de servicios y refugios exclusivos para mujeres. Asimismo, la integración de registros forenses y de fosas en la reforma a la ley local, y el diseño de un plan estatal de búsqueda con perspectiva de género e infancia, entre otras.