Abogados veracruzanos reprobaron la cancelación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, pues es necesaria la infraestructura para procurar justicia en la entidad.
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la cancelación de 10 de los 20 contratos de Ciudades Judiciales.
El 28 de septiembre del 2017 el Congreso local, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), autorizó la creación de asociaciones público-privada para la construcción de 17 Ciudades Judiciales, meses después se varió a 21, y finalmente se hicieron contratos por 20.
En noviembre del 2022, se cancelaron los contratos de los inmuebles que se iban a construir en Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Coatzacoalcos y Poza Rica, y el Poder Judicial (PJ) tendrá que pagar 44 millones de pesos, como parte de la penalización.
Aunque se informó que la cancelación era de mutuo acuerdo, el Poder Judicial tendrá que destinar poco más de 40 millones por disolver los acuerdos, confirmó la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
En ese sentido, los abogados Valentín Olmos, Francisco Spinoso Jácome y Felipe de Jesús Hernández Basilio coincidieron que la medida no abona a la procuración de justicia en el estado y, por el contrario, la encarece.
Valentín Olmos planteó que los más afectados al cancelar las Ciudades Judiciales son los ciudadanos que tienen algún juicio en trámite, pues deben recorrer mayores distancias para dar seguimiento a sus procesos legales.
“Es preocupante para nosotros que buscamos que la justicia sea pronta y expedita, y no lo digo yo, está plasmado en la Constitución; al no ser así se crea retraso, rezago, opacidad y tortuguismo en Veracruz, si en la ciudad los juicios son lentos, en zonas alejadas se dificultan más”.
El abogado comentó que en los últimos años se ha dado la desaparición de los juzgados microrregionales, lo que está ocasionando un mayor atraso en cuanto a la impartición de justicia y una sobrecarga de trabajo, pues algunos juzgados deben duplicar y hasta triplicar el número de expedientes.
La creación de Ciudades Judiciales tenía como objetivo acercar la justicia a los ciudadanos, sin embargo, cada vez se aletarga más la atención de los asuntos que se llevan en los juzgados, “los clientes nos reclaman”.
Valentín Olmos insistió en la necesidad de que reforme la Constitución, con la idea de establecer la carrera judicial como una obligación para poder llegar a secretario de estudio y cuenta, lo mismo que los magistrados, para que se pueda atender los juicios y abatir el rezago, pues al poner a gente afín al partido en el poder solo se abona a acumular trabajo y rezagarse.
Incluso, señaló que los abogados deben participar de la política y postularse a la diputación local, para que desde el Congreso se impulsen modificaciones a la ley que mejoren la operación del Poder Judicial.
El abogado Francisco Spinoso Jácome calificó como una “atrocidad” que con un discurso de austeridad y un sobrecosto se cancelen los contratos de las Ciudades Judiciales, cuando es urgente la creación de infraestructura para procurar justicia en el estado. “Un día antes del anuncio del gobernador, la presidenta del Tribunal aseguró que analizaban si las cancelaban o no, y al otro día el gobernador confirma que sí las van a cancelar, a partir de ahí, la presidenta dice sí, se cancelaron 10 y se van a mantener 10”.
