Orizaba, Ver.- De acuerdo con un comunicado de la organización no gubernamental Fundación para la Justicia, los familiares de desaparecidos y agrupaciones denunciaron omisiones y retrocesos en materia de búsqueda de personas lo que complica la localización de personas desaparecidas.
Señala el documento:
“Durante el 186 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), familiares de personas desaparecidas, representantes de diversas organizaciones, y del Consejo Nacional Ciudadano participaron en una audiencia temática solicitada por el Estado mexicano para discutir avances, retos y oportunidades en materia forense para la búsqueda de personas desaparecidas”.
Durante la audiencia
“Las autoridades mexicanas presentaron información que no representa la realidad del país, por ejemplo, la Fiscalía General de la República afirmó que el Banco Nacional de Datos Forenses ya opera, pero hasta la fecha, familiares de personas desaparecidas y organizaciones no han recibido información al respecto. En la audiencia, la comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño destacó la necesidad de una cooperación y articulación efectiva entre autoridades para dar frente a los rezagos y necesidades en materia forense. La falta de articulación se reflejó durante las presentaciones de las y los integrantes del Estado mexicano”.
Asimismo, las familias de personas desaparecidas, por su parte, recordaron a las autoridades que son ellas y ellos quienes han encontrado a personas desaparecidas y que en el diseño del programa de identificación masiva, el Estado ha fallado en incluir familiares y organizaciones; por su parte, el representante en México de ONU-DH, Guillermo Maldonado, recordó que es gracias al impulso de las familias que hoy el Gobierno de México reconoce la existencia de una crisis forense.
”Todo lo expresado por familiares y organizaciones sociales que les acompañan muestra de manera contundente que las desapariciones se siguen cometiendo, que la aquiescencia y las omisiones de las autoridades permanecen en el tiempo y que, hasta el día de hoy, no hay garantías de no repetición. Resaltaron que las desapariciones forzadas perpetradas por el crimen organizado y las empresas, son desapariciones del Estado”.
Por ello
“La comisionada Esmeralda Arosemena destacó que es necesario una política pública nacional de largo plazo y que establezca con criterios claros cómo se articulan las diversas instituciones, por su parte, la Comisionada Julissa Mantilla Falcón recordó que las vidas de las madres buscadoras corren grandes riesgos y el Comisionado Carlos Bernal Pulido llamó incluso a considerar elevar el tema a nivel constitucional”.
Según cifras oficiales, hay más de 112 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos sin identificar
“Lo que refleja que la deuda del Estado prevalece y deben redoblar los recursos y esfuerzos para atender la crisis de desapariciones y la crisis forense que afecta no solo a mexicanas y mexicanos, sino también a las personas migrantes. Por lo que las organizaciones y colectivos firmantes nos unimos a las peticiones de la CIDH, a las propuestasde ONU-DH y además reiteramos las hechas en la audiencia”.
Por ello, puntualizan, al Estado mexicano le exigen :
1. Establecer un mecanismo efectivo y transparente de participación de las familias y de rendición de cuentas, de forma tal que inciden en el diseño de la política nacional forense con una ruta de trabajo conjunta.
2. Hacer obligatorio el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en las Fiscalías, fortaleciendo la coordinación con agencias de desarrollo y cooperación internacional, estableciendo protocolos adecuados, con la participación de las familias.
3. Que la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia informe qué medidas adoptarán para garantizar la colaboración con el MEIF y los centros de identificación humana.
4. Invertir en educación forense y tecnología avanzada para la identificación de desaparecidos, sin limitarse a pruebas genéticas, contar con especialistas altamente capacitados para la notificación digna a las familias.
5. Establecer a la brevedad herramientas y bases de datos que les ordena la Ley General, con asistencia técnica internacional.
6. Contar con un análisis oficial de las cifras de personas fallecidas sin identificar y considerarlas como personas desaparecidas.
7. Tener garantías de seguridad y mecanismos eficientes de protección a personas buscadoras y una evaluación y diagnósticos de las fallas en los mecanismos existentes.
8. En relación con la búsqueda de migrantes desaparecidos, instalar la mesa de búsqueda nacional con sus lineamientos operativos, para contar con un espacio trasnacional de intercambio de información y coordinación entre actores estatales y no estatales de México y otros países.
9. Promover la creación de una comisión especial amparada por las Naciones Unidas para la investigación de masacres e identificación de migrantes desaparecidos, así como fortalecer a la Comisión Forense.
10. Establecer mecanismos y salvoconductos de recuperación humanitaria basados en el poder de interlocución, uso de influencia y capacidad de negociación del Estado y de todos los actores privados, incluidas las empresas privadas y la delincuencia organizada.
11. Establecer mecanismos de búsqueda y procesamiento de información de las empresas que operan en zonas de riesgo para defensores.
Además, le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“A través de asistencia técnica, instale un mecanismo de alto nivel de monitoreo junto a Naciones Unidas para el diseño e implementación de la Política Nacional Forense, realice visitas a México y emita informes temáticos sobre desapariciones forzadas con recomendaciones para erradicarlas y de paso convocar a reuniones de trabajo y audiencias públicas en la materia”.
