El informe de expertas sobre la solicitud de alerta de violencia de género por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Veracruz, que se presentó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), reveló graves fallas en las instituciones como la falta de un sistema de búsqueda, registros deficientes, maquillaje de cifras, trabas legales y omisiones en la investigación de los casos.
Un grupo de organizaciones civiles solicitó la alerta por un incremento en los casos de desaparición en 2019. La Conavim entregó el 7 de febrero al gobierno de Veracruz el informe sobre la problemática y le dio 15 días para responder. Esta fecha venció el 28 de febrero.
Según el reglamento, si transcurrido el plazo la Conavim no recibe respuesta o recibe una respuesta negativa, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitirá la tercera alerta por violencia en el estado de Veracruz, en esta ocasión por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
En el informe entregado al gobernador, un grupo de expertas académicas emitió nueve conclusiones sobre el tema y advirtieron una falta de coordinación entre las instituciones, protocolos de búsqueda que no se aplican y la falta de un diagnóstico sobre la gravedad de los casos.
“La falta de acceso a la justicia es notoria y preocupante, y las autoridades no consideran con seriedad la problemática de desaparición como un problema grave que requiere de atención y participación de todos los órganos de gobierno para combatir esta problemática”, indica este informe que es público.
El grupo de expertas señaló que continúa vigente el discurso que reproduce estereotipos de género en el que se culpabiliza a las mujeres de su desaparición.
Según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta 2023 había mil 492 mujeres desaparecidas .
Estos datos permitieron identificar que el rango de edad en el que se encuentra mayor incidencia de mujeres desaparecidas o no localizadas es el que abarca de 15 a 19 años.
“Las víctimas indirectas manifiestan que aun cuando no lo tienen documentado, parte de lo que han visto supone la existencia de un corredor importante de desaparición de mujeres con fines de trata sexual en Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, llevándolas hacia el estado de Tamaulipas, sumándose el corredor que hay en Coatzacoalcos, Minatitlán, Tabasco, Chiapas y hacia el Sur”, señala el informe.
CEB reconoció que los casos a partir del 2019 crecen de “forma alarmante”
El grupo de expertas hizo entrevistas a organizaciones civiles, instituciones de gobierno y víctimas indirectas para contrastar la información proporcionada. Derivado de esas visitas emitió decenas de observaciones y recomendaciones al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por ejemplo, en el informe, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) señaló que las fiscalías especializadas no asumen su responsabilidad en cuanto a la búsqueda e investigación, “omitiendo el seguimiento adecuado a las investigaciones donde las personas son localizadas, con o sin vida, desactivando la ficha y cerrando la investigación”.
Por consiguiente, “expresan que es evidente el interés político para que las cifras reales no sean conocidas, por lo que se maquillan informes y cifras de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas”.
