La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de responsabilizarlo del mantenimiento de la red carretera federal propiciará el cierre de alrededor de 10 mil empresas constructoras, de las cuales unas 300 son de la entidad veracruzana.
Esto fue informado por Marcos Salas Contreras y Martin Fernando González Vieyra, presidentes de la Sociedad Mexicana de Industriales y Transformadores de la Construcción (SMITC) y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), respectivamente, quienes dieron a conocer que por este motivo interpondrán un amparo universal o colectivo, al que se sumarán las organizaciones del ramo que están inconformes por esta determinación para exigir una explicación de las razones que impulsaron esta medida.
En conferencia de prensa, los dirigentes empresariales expresaron que al cederle el Programa de Mantenimiento de la Red Carretera Federal, también se le canalizan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los 11 mil millones de pesos que se le habían presupuestado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que llevaría al fracaso y a la quiebra total a las más de 10 mil constructoras de todo el país.
“Prácticamente ningún constructor que se dedica al mantenimiento de las carreteras tendrá trabajo, porque todo ese programa lo harán los militares, en lugar de salvaguardar la seguridad de los mexicanos ahora se dedicarán a tapar baches”.
Recriminó que se haya tomado una decisión tan a la ligera, porque con dicha determinación se pierden alrededor de 200 mil empleos directos a nivel nacional, “al cerrar las más de 10 mil empresas que hoy nos bajan la cortina, imposibilitados para crear más fuentes de trabajo”.
En el caso de Veracruz, son alrededor de 300 empresas constructoras las que se verán obligadas a cerrar sus puertas, al no tener obras, dejando sin empleo a más de 5 mil jefes se familia, y de manera paralela, los trabajadores de la SICT, encargados de estas tareas y cargados a una nómina, se quedarán encerrados en sus oficinas al no tener ni para la gasolina ni para sus unidades, pues las labores encomendadas la harán los soldados, pero el pago de sus salarios seguirá costando a los mexicanos.
El dirigente constructor recordó que el argumento esgrimido por el Presidente de la República es la gran corrupción existente en el sector, “si hay mucho bandido en el sector que lo señale, que indique quiénes son y que les hagan los cargos, no tiene porqué quitarle las carreteras en buenas condiciones a los mexicanos”.
El presidente de la SMITC evidenció su preocupación de que detrás de esa medida se evidencia que no hay dinero para la conservación y mantenimiento de las carreteras, y por no decir que no alcanza, es mejor tener de fachada a la Sedena.
Consideró que los militares no cuentan con la capacidad necesaria para llevar este tipo de tareas, “el Ejército tiene equipo para tramos largos, como el Tren Maya, pero no para bachear”, añadió.
En su oportunidad, Martin Fernando González Vieyra, presidente de la AMIC en el estado de Veracruz, expuso que la medida presidencial no sólo afecta a las empresas constructoras, sino también a aquellas que sobreviven alrededor de éstas y que suministran cal, cemento, arena, varillas, asfalto, grava y arena, entre otros, así como combustibles y lubricantes, y demás insumos materiales y herramientas que requieren para estas tareas.
“Es por ello que en breve se interpondrá el amparo universal o colectivo en contra de esa medida, porque esa decisión nos afecta bastante”.
Cuestionaron al titular del Ejecutivo bajo qué reglas o ley se basó para tomar una decisión de esa envergadura, porque hay una ley de Obra Pública que sacó el Ejecutivo para hacer licitaciones y muchas cosas, “bajo qué ley trabajará la Sedena, cuáles son las condiciones que nos va a poner, porque al final de cuentas tendrá que subcontratar los trabajos y cuáles serán las condiciones para ello”, cuestionó.
Finalmente, pidió al Presidente de la República dé una explicación de por qué tomó esa decisión que afectó a muchas empresas del país.
