Pobladores que mantienen tomado el Palacio Municipal de Amatlán de los Reyes desde el 25 de abril fueron denunciados penalmente por las autoridades municipales.
En entrevista, Felipe Betanzos, integrante del comité que mantiene un campamento en el Palacio, señaló que aunque son más de 3 mil los habitantes que se oponen a la construcción del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en este lugar, 17 personas fueron denunciadas, aunque dijo no saben por cuál delito.
“Hoy se presentaron dos ministeriales y ellos venían a notificar que estábamos denunciados 17 de los 3 mil que ese día demandaron que no se instale el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Regional de Córdoba en los límites de Amatlán (…) Hoy nos dicen que estamos denunciados 17 de los 3 mil y no nos saben decir cuál fue el delito, ni nada”, relató.
Insistió en que la protesta y toma del Palacio Municipal se mantiene porque temen que este Centro de Transferencia afecte los mantos freáticos que surten de agua a la población a través de un pozo artesiano ubicado en el sitio en el que quieren construir; además de la cercanía que tiene con una unidad habitacional y escuelas.
“Esa es la afectación que la gente vio venir porque el tema del agua a nivel mundial todo lo sabemos y que nos vengan a contaminar el agua a Amatlán preocupa a la ciudadanía”.
Felipe Betanzos negó que sea un tema político pues afirmó que es la población la que rechaza este proyecto que se intentó llevar a cabo en Córdoba y ante la resistencia de sus ciudadanos ahora se pretende instalar en Amatlán.
“Lo politizaron, decían que el partido político y no, yo soy operador político de Morena, pueden preguntarle al dirigente estatal, a los diputados, al mismo alcalde se le apoyó para que llegara a ser presidente municipal, esto no es un movimiento personal, es un movimiento de defensa por la salud”.
Por ello, afirmó que “si defender al pueblo por la salud implica un delito” todos los denunciados se mantendrán en pie de lucha porque lo que piden es que se respete a la vida, que se respete al pueblo para garantizar su salud.
“La demanda del pueblo es que no se instale el centro de transferencia en los límites de Córdoba y Amatlán. Ellos hablan de ocho, otros hablan de 20, otros hablan de 25 municipios que van a depositar ahí la basura, no nos dan la certeza y no nos dicen cómo van a controlar el escurrimiento de lixiviados que son altamente contaminantes, no sabemos cómo van a controlar la basura biológica infecciosa que vienen de los hospitales”, aseveró.
Felipe Betanzos insistió en que en el terreno donde se pretende construir este centro de transferencia hay un pozo artesiano que abastece el 80 por ciento de la población por lo que preguntó
“¿Quién va a contaminar el agua, quién se va a hacer cargo de esa afectación de salud de los niños y adultos? Nos dicen que es un proyecto magnífico, de beneficio para Córdoba, y si Córdoba lo ha movido dos o tres veces, si es de beneficio para Córdoba ¿por qué no lo han permitido?”.
Además, dijo que continuarán con la toma del Palacio Municipal a pesar de la denuncia que presentó el apoderado legal del ayuntamiento, por órdenes del alcalde Marco Antonio Figueroa.
Recordó que el fin de semana pasado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intentaron desalojarlos y no lo lograron porque la población se unió, por lo que no descartó que hagan lo mismo para evitar la detención de los 17 denunciados.
“Yo creo que el pueblo va a demandar un juicio de desafuero por el incumplimiento de sus funciones y que sí es un delito grave, por no darle la cara al pueblo, por no salvaguardar y por no preservar la salud de Amatlán”.
Organizaciones demandan alto a la represión
Cabe destacar que pobladores y organizaciones civiles como La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), así como más de 20 organizaciones, demandaron alto al hostigamiento y represión contra la población de Amatlán.
“Hacemos pública nuestra solidaridad con el movimiento y exigimos a los ayuntamientos de Amatlán y de Córdoba cese a la campaña de hostigamiento en contra del movimiento”, dice el posicionamiento.
Además, el retiro inmediato e incondicional de la denuncia que se ha formulado ante la Fiscalía General del Estado contra varios y atención a la propuesta de instalación de una mesa de diálogo con representantes del movimiento y las comunidades afectadas, de los ayuntamientos de Amatlán y Córdoba involucrados en el proyecto, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Gobierno del Estado.
