Agencias
Veracruz, Ver.- Más de 300 familias que habitan en la colonia Amapolas, en la ciudad de Veracruz, continúan en la incertidumbre legal por la falta de escrituras públicas, a pesar de que existe un contrato de compraventa firmado en 1990 que subroga los derechos de propiedad al gobierno del estado.
Así lo informó el abogado litigante Gerardo Veneroso Barrientos, quien explicó que dicho contrato fue firmado ante la regiduría cuarta de Coatepec –donde originalmente se gestionó la operación– y establece que el gobierno estatal asumiría los gastos de urbanización y la responsabilidad de entregar certeza jurídica a los habitantes.
“El contrato está vigente y fue firmado con el gobernador en turno. Desde entonces, el Estado asumió los derechos de la parte compradora, pero administraciones anteriores no cumplieron”, señaló Veneroso.
Uno de los puntos más delicados es que existen al menos 120 escrituras ya tramitadas y pendientes de entrega por parte del notario público número dos de la demarcación Veracruz, cuyos honorarios fueron pagados desde el año 2010. Sin embargo, no han sido liberadas debido a que se requiere una instrucción formal del gobierno para proceder.
El abogado hizo un llamado a la actual gobernadora Rocío Nahle para que se reconozca el contrato ante la autoridad competente y se inicie el proceso de regularización. “Queremos que se declare como patrimonio del Estado para que las familias puedan acceder a su escritura pública. Llevan más de 30 años viviendo ahí, muchos ya son adultos mayores y desean dejar un legado a sus hijos”.
De acuerdo con Veneroso, ya hubo un primer acercamiento con la mandataria estatal, quien mostró disposición al diálogo y fue invitada a conocer la colonia Amapolas, donde la urbanización y servicios públicos están a cargo del gobierno estatal.
“Es una colonia con casas de uno y dos pisos, terrenos baldíos, traspasos entre familias y mucha actividad económica. Hay orden, hay comunidad. Sólo falta el respaldo legal que les corresponde”, subrayó.
Aunque actualmente se tienen contabilizadas 300 familias, se estima que el número de personas afectadas podría superar las mil, con casi el doble de escrituras pendientes de emisión.
“El llamado es claro: que el gobierno instruya a Patrimonio del Estado a organizar un censo y un sondeo para saber cuánta gente vive ahí, desde cuándo, y así iniciar el proceso de regularización”.
Finalmente, Veneroso reafirmó la disposición de los vecinos para colaborar y reiteró la invitación a la gobernadora: “la colonia Amapolas es una comunidad con locales comerciales, vida activa y familias trabajadoras que sólo buscan certeza jurídica sobre lo que, por derecho, les pertenece”.
“El contrato está vigente y fue firmado con el gobernador en turno. Desde entonces, el Estado asumió los derechos de la parte compradora, pero administraciones anteriores no cumplieron”, señaló Veneroso ■ Foto AVC Noticias
