Emitirá el IVEA una disculpa pública por discriminación contra mujer indígena

Zongolica, Ver.- Por ser indígena, Guadalupe Tzopitl Montalvo, mujer náhuatl originaria del municipio de Tequila, fue víctima de discriminación institucional en 2019, cuando la contrataron como jefa del Departamento de Educación Indígena en el Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA). Lo que parecía un paso adelante en la inclusión de voces originarias en espacios de decisión, se transformó en una amarga experiencia de exclusión.

Apenas dos meses después de asumir el cargo, Guadalupe fue despedida bajo el argumento de que su contratación había sido una formalidad para cumplir con la exigencia de integrar un perfil indígena en ese puesto. Una vez cumplida esta “cuota”, su permanencia dejó de ser considerada necesaria. De forma explícita, se señaló que, aunque había cumplido con el requisito, ya no era indispensable porque era “una mujer indígena”, dejando en evidencia una profunda marginación por su origen étnico y su género.

Lejos de aceptar la injusticia, Guadalupe denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Al no recibir respuesta, llevó su caso hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que falló a su favor. La CNDH recomendó, entre otras medidas, la emisión de una disculpa pública institucional para reparar el daño. No obstante, en un nuevo acto de desdén, el instituto intentó cumplir la recomendación con una publicación marginal en un sitio web de escasa visibilidad, lo que fue rechazado tanto por Guadalupe como por diversas organizaciones de derechos humanos.

La denuncia no estuvo exenta de consecuencias. Como resultado de su valentía, Guadalupe fue dejada en una situación de vulnerabilidad institucional, aislada y marginada de los espacios laborales donde anteriormente participaba. La falta de protección efectiva la expuso a nuevas violencias y tensiones, afectando no sólo su estabilidad laboral sino también su salud física y emocional.

Esta experiencia no sólo impactó su vida personal. También representó una herida para su comunidad, al evidenciar cómo persisten el racismo, clasismo y sexismo que buscan despojar a los pueblos originarios de su dignidad y su voz bajo la lógica de la civilización.

No obstante, Guadalupe transformó su dolor en una causa colectiva. Su lucha, basada en el conocimiento ancestral y en la acción comunitaria, resignificó la resistencia cultural como un acto de dignidad. Además, su esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente, llevando su voz y la de su comunidad hasta foros en Italia, donde ha compartido su historia de lucha y resiliencia.

Guadalupe Tzopitl Montalvo es hoy un símbolo de resistencia ante la discriminación institucional. Su caso demuestra que la verdadera inclusión no puede limitarse a cuotas simbólicas, sino que exige un cambio profundo en las estructuras de poder para garantizar el respeto a los derechos, culturas y saberes de los pueblos indígenas.

Su historia es un llamado a la transformación urgente de las instituciones públicas para que dejen de ser espacios de exclusión y se conviertan en lugares de reconocimiento, dignidad y justicia para todas las personas. Este lunes ella será objeto de una disculpa pública que funcionarios del IVEA emitirán en el municipio de Rafael Delgado.

Persiste discriminación institucional

En 2024, en Veracruz se denunciaron entre 63 y 90 incidencias de discriminación institucional, de acuerdo con un estimado elaborado a partir de los últimos informes de la CEDH y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Aunque las cifras oficiales de 2024 aún no son públicas, el análisis de tendencias de años anteriores permite advertir que dicha conducta persiste como uno de los principales problemas de derechos humanos en el estado, afectando a diversos grupos de población, especialmente a personas indígenas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual.

La discriminación institucional se refiere a aquellos actos u omisiones cometidos por instituciones públicas o sus servidores, que tienen como efecto restringir, anular o perjudicar el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Entre los ámbitos donde más se han reportado este tipo de prácticas en Veracruz están los servicios de salud, educación, seguridad pública y trámites administrativos.

En su informe de actividades de 2023, la CEDH Veracruz reportó cerca de mil 500 quejas por diversas violaciones a derechos humanos. De ese total, entre 7 y 10 por ciento correspondió a denuncias por actos de exclusión en general. A partir de esta proporción, se calcula que entre 105 y 150 quejas en 2023 estuvieron relacionadas con estas conductas.

Por su parte, el Conapred indica que aproximadamente 60 por ciento de los actos de marginación reportados en el país tienen su origen en prácticas de instituciones públicas. Si se aplica este porcentaje al contexto veracruzano, se estima que entre 63 y 90 corresponderían específicamente a actos de discriminación institucional.

Aunque este número representa apenas una fracción del total de violaciones de derechos humanos, especialistas advierten que el fenómeno podría estar subestimado debido a factores como la falta de denuncias formales, el desconocimiento de los mecanismos de queja y la desconfianza hacia las autoridades.

En Veracruz, las personas indígenas continúan siendo uno de los sectores más vulnerables frente a la discriminación institucional. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, estos actos se manifiestan en la negativa de servicios médicos, el maltrato en hospitales públicos, la falta de acceso a traductores en procedimientos legales y la marginación educativa.

Asimismo, las mujeres la padecen en forma de violencia obstétrica en hospitales, trabas en procesos judiciales relacionados con violencia de género y exclusión en oportunidades laborales dentro de dependencias públicas.

Otros sectores frecuentemente afectados incluyen a las personas mayores, quienes en ocasiones ven limitado su acceso a servicios públicos por prejuicios sobre su edad, y a personas de la diversidad sexual, quienes reportan actos de exclusión y malos tratos en oficinas gubernamentales y centros de salud.

Ante este panorama, la CEDH ha implementado diversas acciones orientadas a prevenir y atender actos de exclusión. Durante 2024, la institución llevó a cabo talleres internos sobre violencia por prejuicio, hostigamiento sexual y laboral, así como campañas de sensibilización en favor de la igualdad y la diversidad.

Además, la CEDH mantiene activo un Comité para la Atención y Prevención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral, mediante el cual busca atender de manera puntual las denuncias internas y promover ambientes laborales libres de violencia y discriminación.

No obstante, organizaciones civiles han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y sanción en los casos de discriminación institucional, así como de garantizar la protección efectiva de las víctimas que deciden denunciar.

Especialistas coinciden en que el combate a esta conducta  en las instituciones en Veracruz requiere de un enfoque integral que combine capacitación continua a servidores públicos, mecanismos de denuncia accesibles, sanciones efectivas y una cultura de respeto a los derechos humanos.

En tanto no se publiquen las cifras oficiales correspondientes a 2024, el estimado realizado permite dimensionar la magnitud del problema y resalta la importancia de mantener la vigilancia ciudadana y el acompañamiento de organismos defensores de derechos humanos.

Se espera que el informe anual de la CEDH Veracruz, correspondiente a 2024, sea presentado a mediados de 2025, lo que permitirá conocer con mayor precisión el número de casos documentados y evaluar la efectividad de las políticas implementadas hasta ahora.