La mañanera de ayer dejó algo más que cifras: dejó una rendición de cuentas política y moral. La titular de Energía informó con claridad —y con entusiasmo contagioso— que Pemex ha mejorado su perfil crediticio según tres de las principales calificadoras internacionales: Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s. No es un dato menor ni técnico: es el reconocimiento externo de que la petrolera que durante décadas fue saboteada, endeudada y puesta al borde de la extinción vuelve a ser viable, estratégica y funcional.
Después, el director de Pemex detalló lo que esas calificaciones sintetizan: aumento sostenido en la producción de petrolíferos, recuperación de la capacidad de refinación, reducción de importaciones, rehabilitación de infraestructura, ordenamiento financiero y fortalecimiento operativo en todas las áreas clave. No fue un discurso triunfalista: fue un informe pormenorizado que mostró algo que el neoliberalismo insistió en negar durante 36 años —que Pemex no era inviable, lo inviable era el modelo que la saqueó.
Porque eso fue el neoliberalismo en México: una política deliberada de desmontaje del Estado, de asfixia presupuestal, de endeudamiento inducido y de transferencia sistemática de recursos públicos al capital privado. A Pemex no la “quebraron” las inercias ni la corrupción abstracta: la intentaron desaparecer conscientemente. La cargaron de deuda para justificar su venta, la obligaron a importar lo que podía producir, sabotearon su capacidad de refinación para convertirla en simple exportadora de crudo barato y compradora de combustibles caros. El resultado fue devastador para la empresa y para la vida cotidiana de millones de mexicanos.
Hoy, frente a ese legado, el mensaje es político en el sentido más profundo: Pemex importa porque la energía importa, y la energía importa porque define la calidad de vida del pueblo. No hay bienestar sin soberanía energética. No hay desarrollo sin control público de los sectores estratégicos. No hay justicia social cuando el Estado renuncia a su capacidad de producir, regular y planear.
Por eso la Presidenta fue clara: estas son las cuentas al pueblo. No a los mercados, no a los consultores neoliberales, no a los expresidentes que entregaron el patrimonio nacional mientras prometían modernidad. Al pueblo. A quienes pagaron durante décadas el precio del dogma: tarifas altas, dependencia externa, precarización laboral, territorios devastados y una empresa nacional convertida en botín.
La recuperación de Pemex no es sólo una corrección económica; es una rectificación histórica. Es la demostración empírica de que el discurso neoliberal —ese que aseguraba que el Estado siempre estorba y el mercado siempre resuelve— era falso, violento y profundamente irresponsable. Violento porque destruyó capacidades productivas. Criminal porque empobreció deliberadamente a sectores sociales enteros. Irresponsable porque hipotecó el futuro en nombre de ganancias inmediatas para unos cuantos.
México hoy ofrece algo que el mundo necesita mirar con atención: un capitalismo con Estado, con responsabilidad social y con horizonte colectivo. No un estatismo ciego, sino un Estado que asume su función estratégica. No un mercado sin reglas, sino una economía donde el interés público orienta la inversión y la producción. No un crecimiento depredador, sino un modelo que entiende que energía, bienestar y soberanía son inseparables.
Pemex vuelve a ser sustantiva no por nostalgia, sino por necesidad histórica. Porque el siglo XXI no será de los países que entregaron sus recursos, sino de los que supieron administrarlos con inteligencia y sentido social. Porque el desarrollo no se mide solo en balances financieros, sino en hogares con energía accesible, en empleos dignos, en territorios que producen valor y no miseria.
Durante 36 años quisieron convencer al país de que no había alternativa. Hoy, los datos, las calificaciones, la producción y —sobre todo— la realidad cotidiana desmienten ese relato. México demuestra que sí había otra lógica. Que era posible. Que es exitosa. El modelo del capitalismo mexicano actual es uno donde el mercado opera, pero el Estado recupera su papel estratégico para garantizar la soberanía, sí, pero también para recuperar el bienestar social, el desarrollo productivo y la distribución de la riqueza.
Frente al neoliberalismo violento y criminal, el Estado puede volver a ser garante de la vida, no administrador de su despojo.
Estas son, efectivamente, las cuentas al pueblo. Y esta vez, cuadran.
