El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) es la principal estrategia del gobierno mexicano para contener el alza de precios de alimentos y bienes esenciales en un entorno de inflación internacional. Fue anunciado el 4 de mayo de 2022 como respuesta al repunte inflacionario posterior a la pandemia de COVID-19, agravado por disrupciones en las cadenas globales de suministro, escasez de insumos, mayores costos de transporte y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los precios de granos, fertilizantes y energéticos. Ante este panorama, el gobierno buscó amortiguar los efectos de estas presiones externas sobre los consumidores mexicanos.
La estrategia combinó acuerdos voluntarios con productores, distribuidores y cadenas comerciales para estabilizar una canasta básica de 24 productos, así como medidas para fortalecer la producción agropecuaria, reducir costos logísticos, facilitar importaciones y subsidiar combustibles mediante estímulos fiscales al IEPS. Aunque inicialmente se planteó como temporal, el PACIC fue renovado y actualizado debido a la persistencia de las presiones inflacionarias, primero bajo el gobierno de López Obrador y después con Claudia Sheinbaum, frente a nuevas tensiones geopolíticas internacionales. Así, el programa se consolidó como el principal instrumento gubernamental para proteger el poder adquisitivo de los hogares mexicanos ante las perturbaciones de los mercados globales.
Desde su creación, el PACIC se estructuró en cuatro grandes líneas de acción: producción, distribución, comercio exterior y otras medidas complementarias orientadas a estabilizar las presiones inflacionarias mediante la coordinación entre los sectores público y privado.
Para que las empresas puedan mantener los precios finales sin comprometer su viabilidad financiera, el programa incorpora medidas destinadas a reducir sus costos de operación desde el origen. Entre ellas destacan los incentivos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener los precios de los combustibles. En la administración actual se acordó mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos por litro y el del diésel alrededor de los 27 pesos. Con ello se busca limitar el impacto de los costos de transporte a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, el programa procura garantizar el acceso a fertilizantes y asegurar el suministro de granos básicos, particularmente maíz blanco, con el fin de evitar presiones sobre productos esenciales como la tortilla.
Los costos de distribución representan una proporción significativa del precio final de las mercancías. Por ello, el PACIC contempla medidas orientadas a fortalecer la seguridad en las carreteras mediante el refuerzo de la vigilancia en rutas comerciales estratégicas, con el propósito de reducir el robo de mercancías y, en consecuencia, disminuir los costos asociados a los seguros de transporte. De igual forma, incorpora acciones de coordinación institucional para agilizar el tránsito de productos básicos en aduanas y puntos de control internos, reduciendo costos logísticos y tiempos de traslado.
La estrategia de comercio exterior del PACIC fue esencialmente una política de apertura comercial temporal y selectiva, orientada a aumentar la oferta interna de alimentos mediante importaciones más baratas y rápidas, con el propósito de contener la inflación de la canasta básica. Entre los principales instrumentos utilizados se encuentran la exención de aranceles y la facilitación aduanera y regulatoria.
Por su parte, las cadenas de autoservicio y los proveedores adheridos al acuerdo se comprometen voluntariamente a absorber parte de sus márgenes de ganancia o a mejorar la eficiencia de sus procesos para evitar que el precio conjunto de los 24 productos incluidos en el programa supere los 910 pesos. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dicho límite fue establecido en 1,039 pesos.
Entre los productos considerados dentro de la canasta básica del PACIC se encuentran el aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria.
En términos generales, el PACIC contribuyó a moderar parcialmente las presiones inflacionarias; sin embargo, sus resultados estuvieron condicionados por importantes limitaciones estructurales. La exclusión de amplios segmentos de la cadena de comercialización, la cobertura restringida de productos, el carácter voluntario de los acuerdos y su limitada penetración social redujeron significativamente su capacidad para incidir en el costo real de la alimentación de la mayoría de los hogares mexicanos.
Uno de los principales cuestionamientos al programa radica en su diseño institucional, centrado fundamentalmente en acuerdos entre el gobierno federal, grandes productores agroalimentarios y cadenas de autoservicio. Este enfoque parte del supuesto de que los supermercados constituyen el principal canal de distribución de los productos de la canasta básica; sin embargo, la estructura real del mercado alimentario mexicano es considerablemente más compleja.
Una parte importante del consumo de alimentos en México se realiza a través de pequeños comercios, mercados públicos, tianguis y tiendas de abarrotes. En consecuencia, al concentrar sus acciones principalmente en las grandes cadenas comerciales, el PACIC dejó fuera una porción significativa de los puntos de venta donde la población adquiere cotidianamente sus alimentos. Esto generó un sesgo hacia los grandes actores del mercado y limitó la capacidad del programa para influir de manera amplia y homogénea en la estructura de precios de los alimentos.
Asimismo, el PACIC se concentró en una canasta integrada por apenas 24 bienes considerados esenciales. No obstante, controlar el precio de ese conjunto limitado de productos no equivale a garantizar la estabilidad de precios de la alimentación de los hogares mexicanos. Aunque esta focalización facilitó la implementación del programa y el monitoreo de precios, resultó insuficiente para reflejar adecuadamente los patrones reales de consumo de la población.
En contraste, la canasta alimentaria urbana elaborada por el CONEVAL constituye un referente más amplio para estimar el costo mínimo de una alimentación básica en los hogares urbanos. Desde esta perspectiva, la selección de productos del PACIC representa únicamente una fracción del gasto alimentario familiar. Así, aun cuando la canasta del programa mantuvo una relativa estabilidad, la canasta alimentaria urbana de CONEVAL registró incrementos de precios de 11.7 % en 2022, 6.8 % en 2023, 4.1 % en 2024, 4.4 % en 2025 y 8.3 % anual hasta abril de 2026.
Las limitaciones del PACIC también pueden explicarse por ciertas características de su diseño institucional. En primer lugar, se trata de un mecanismo sustentado en acuerdos voluntarios entre el gobierno y las empresas participantes. Esto implica que el cumplimiento de los compromisos depende en gran medida de la disposición de los actores privados, sin mecanismos suficientemente robustos de supervisión o sanción.
En consecuencia, más que una política integral de control de precios alimentarios, el PACIC puede interpretarse como una estrategia de estabilización de corto plazo cuyo desempeño depende en gran medida de la política energética y fiscal del gobierno. La evidencia disponible sugiere que su principal fuente de efectividad no fue el componente alimentario en sí mismo, sino los subsidios aplicados a los combustibles, los cuales permitieron contener los costos logísticos y amortiguar la transmisión de la inflación internacional hacia los precios internos.
La evidencia disponible indica que el componente de mayor impacto económico dentro del programa fue la reducción del IEPS y los estímulos fiscales aplicados a las gasolinas y al diésel. En 2022, cuando los precios internacionales del petróleo registraron aumentos significativos, la cuota del IEPS aplicable a los combustibles se redujo hasta llegar a cero y se complementó con apoyos fiscales adicionales dirigidos a productores e importadores para contener el precio final al consumidor. De manera similar, en 2026 el gobierno federal reactivó los estímulos fiscales a los combustibles mediante la reducción de la cuota del IEPS y acordó con el sector gasolinero mantener un precio aproximado de 24 pesos por litro para la gasolina Magna y de 27 pesos para el diésel (con un techo máximo de 28 pesos), con el propósito de amortiguar el impacto del encarecimiento internacional del petróleo sobre los precios internos.
La experiencia del PACIC muestra que la reducción sostenida de la inflación alimentaria no puede depender exclusivamente de acuerdos de precios o de subsidios temporales, sino que requiere intervenciones estructurales orientadas a fortalecer la productividad agropecuaria, mejorar la competencia en los mercados, modernizar la infraestructura logística e integrar a todos los actores de la cadena productiva y distributiva. Solo mediante una estrategia integral de política económica será posible contener de forma duradera las presiones inflacionarias sobre los alimentos y garantizar un acceso más amplio y asequible a la alimentación para los hogares mexicanos.
