Donald Trump dijo en enero que su gobierno atacaría a los cárteles mexicanos por tierra y que podría hacerlo en cualquier lugar. La designación de seis organizaciones mexicanas como terroristas extranjeras, vigente desde febrero de 2025, sostiene esa amenaza con un andamiaje legal disponible en cualquier momento. La captura de Nicolás Maduro en enero, ejecutada sin autorización de Caracas, añadió un precedente operativo concreto: Washington puede extraer a un jefe de Estado de otro país y presentar la acción como éxito interno.
La lógica aplicada a Venezuela encuentra un límite distinto frente a México: la frontera compartida. Trasladar fuerzas a una capital lejana no equivale a operar sobre tres mil kilómetros de límite terrestre con el principal socio comercial de Estados Unidos. El International Crisis Group calculó, el 7 de julio, un rechazo popular del 78 por ciento ante una intervención abierta en territorio mexicano, y advirtió que ese tipo de operación debilita las redes del crimen organizado con la misma eficacia con que las fortalece. Ningún cálculo de costo-beneficio recomienda esa ruta cuando existe una alternativa más barata.
La escalada retórica de este año documenta, sin embargo, que la opción militar sigue sobre la mesa como recurso disponible. Un libro publicado a finales de junio reveló que el asesor Stephen Miller analizó, desde los primeros meses de 2025, los medios para cumplir la promesa de campaña de atacar a los cárteles mexicanos, plan que se complicó ante la cooperación antinarco de Sheinbaum. En marzo, Stephen Miller sostuvo que los cárteles spolo podían derrotarse con poder militar y debían tratarse con la brutalidad reservada a Al Qaeda o al Estado Islámico. Ese mismo mes Trump lanzó en Florida la coalición “Escudo de las Américas” y presentó a México como epicentro regional de la violencia. Las fuerzas navales estadounidenses, por su parte, ya bombardean embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre, con más de cien muertos reportados antes de que Trump anunciara que el siguiente paso sería atacar “por tierra”.
Esa alternativa ya opera todos los días. El gobierno mexicano entregó a 92 presuntos integrantes de organizaciones criminales en tres remesas sucesivas desde enero: 29, luego 26, luego 37. Sheinbaum concentró 15 mil elementos en Culiacán, el 80 por ciento de las fuerzas federales disponibles. El vicepresidente JD Vance no descartó “medidas militares” en una entrevista reciente, declaración que funciona como presión retórica adicional sobre un país que ya opera bajo una asimetría estructural difícil de nombrar en público. Trump obtiene con esta fórmula casi todo lo que obtendría con una invasión: capturas, decomisos, presión directa sobre gobernadores señalados como Rubén Rocha Moya, sin el costo político de una guerra declarada ante el Congreso y ante la opinión pública estadounidense.
El expediente del avión de El Mayo Zambada documenta la otra cara de esta ecuación. Ninguna tropa estadounidense cruzó la frontera en julio de 2024. Bastó una aeronave, agentes sin identificar durante dos años y un embajador dispuesto a sostener una versión que el propio FBI terminó por desmentir en la vitrina de un museo. El expediente Álvarez Machaín, treinta y cuatro años antes, mostró la misma economía de medios: no hizo falta un ejército para sacar a un ciudadano mexicano de Guadalajara, bastaron unos cuantos hombres pagados y una Corte dispuesta a validar el resultado.
La pregunta que importa hoy es cuánta soberanía operativa se le puede extraer a un país sin que el nombre de la intervención tenga que pronunciarse en público. Washington ha aprendido a obtener, por la vía de la presión sostenida, casi todo lo que una ocupación reclamaría: quién entra y sale de territorio nacional, quién es investigado y bajo qué reglas, qué versión de los hechos se sostiene durante dos años sin corregirse. Ese resultado le sale más barato sin poner un solo soldado en la frontera. El costo de esa asimetría no lo paga quien la impone. Lo paga, a la larga, el país que negocia todos los días bajo la amenaza constante de una alternativa peor.
