Desde el 10 de marzo de 2020, cuando ocurrió una colisión en la estación Tacubaya del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, se han registrado accidentes, incidentes y tragedias de diversa magnitud en el Metro capitalino con una frecuencia por demás inusual.
Varios de esos episodios han dejado saldos de muerte, lesiones y destrucción material, como el incendio del puesto central de control I (9/01/21), el catastrófico derrumbe de un paso elevado de la línea 12 (3/05/21) y, en días pasados, la colisión de vagones que tuvo lugar el 7 de enero en la estación Polanco de la línea 7.
Sobre el último de esos hechos cabría suponer que fue provocado de manera intencional, como expuso en la conferencia presidencial matutina del lunes el director del STC, Guillermo Calderón, quien exhibió pruebas contundentes de una anomalía en el sistema de acoplamiento que no pudo ser sino resultado de una manipulación indebida. Después del choque del día 7, las autoridades establecieron un operativo de vigilancia en ese sistema de transporte y han detectado desde entonces una serie de hechos que hacen presumir una voluntad de provocar accidentes: objetos arrojados a las vías, tramos robados o cortados de cable, destrucción de elementos críticos como llantas y y cajas de cambio de vía y otras situaciones que anteriormente no ocurrían.
Por increíble y deleznable que parezca, los elementos de juicio disponibles parecen indicar que la ciudad capital se ubica ante un designio orientado a provocar destrucción humana y material en su principal sistema de transporte colectivo y también, desde luego, descontento, zozobra y desconfianza hacia las instituciones y los servicios de la Ciudad de México.
Sin afirmar que exista una relación entre las probables acciones de sabotaje al Metro y el contexto de permanente golpeteo político en contra del gobierno capitalino –cuyos promotores no han perdido la oportunidad de refocilarse con el infortunio ajeno para atacar a su titular, Claudia Sheinbaum– debe apuntarse que tal relación es posible; más aún, sin ella no es fácil entender la intención de causar daños e incluso accidentes trágicos que parece motivar los hechos referidos.
En lo inmediato, la vigilancia que realiza la Guardia Nacional en las distintas líneas del Metro no solo es legal y legítima sino exigible, a fin de prevenir nuevas desgracias y garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus millones de usuarios.
Adicionalmente, resulta imperativo que se lleve a cabo el pleno esclarecimiento de esta extraña cadena de hechos inusuales y se deslinden con precisión sus causas. Finalmente, se confirmen o no las hipótesis de la voluntad saboteadora y de una motivación política detrás de ella, sería inconcebible que no se castigara conforme derecho a quienes pudieran estar detrás de actos tan irresponsables como criminales.
