El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instruyó el jueves a la primera ministra, Elisabeth Borne, a invocar el artículo 49.3 de la Constitución para imponer su iniciativa de reforma al sistema público de pensiones sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, Cámara Baja del Legislativo francés. Aunque el gabinete de Borne ha abusado de este recurso y lo ha empleado 10 veces en menos de un año, en esta ocasión lo hace en circunstancias que desafían de manera agraviante al pueblo de Francia y pone en entredicho la legitimidad del gobierno: la propuesta para retrasar la edad de jubilación, aumentar el periodo de cotización para tener derecho a la pensión completa y eliminar los derechos adquiridos por diversos colectivos han motivado las protestas más grandes en décadas y es rechazada por dos de cada tres ciudadanos.
Pero la afrenta trasciende a los números, pues el sistema de pensiones es una de las instituciones más entrañables para los franceses, un verdadero símbolo nacional que provoca orgullo y suscita un apoyo transversal, por encima de líneas ideológicas y partidistas. Así, no es casual que el intento de debilitarlo para poner a Francia en línea con las directrices de la ortodoxia neoliberal auspiciada por la Unión Europea y su Tratado de Maastricht (el cual dio rango constitucional a la supremacía de los intereses corporativos y subordinó a ellos toda política nacional) provenga de un gobierno tecnocrático, surgido de un proyecto personalista, sin ningún arraigo en la tradición política gala.
La irrupción del neoliberalismo descarnado de cuño anglosajón en una sociedad que se precia de sus características distintivas y su herencia republicana en torno a los valores de igualdad, libertad y fraternidad, creó una inédita coincidencia entre la izquierda agrupada en la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y la ultraderecha del Frente Nacional de Marine Le Pen, cuya alianza coyuntural podría hacer triunfar una moción de censura parlamentaria que derribe simultáneamente la controvertida ley y al gobierno de Borne. Esta opción debe activarse en las 24 horas posteriores a la invocación del
artículo 49.3, por lo que podría encontrarse en curso cuando el lector recorra estas líneas.
No exageran los sindicatos cuando advierten que aprobar un plan de esta envergadura por la vía del decreto supuso “el fin de la vida democrática” en Francia. Macron, como tantos neoliberales antidemocráticos, podrá envolverse en el manto de la ley, invocar sus facultades e ignorar el clamor social, pero ningún régimen que toma decisiones a contrapelo de la voluntad popular puede recibir el nombre de democracia. Hoy, los franceses comienzan una batalla no solo para revertir una imposición autoritaria sino ante todo para recuperar la República de las manos de la camarilla tecnocrática que la ha secuestrado.
