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INE: exageraciones y falsedades

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El eje principal de la campaña partidista, empresarial, mediática e institucional emprendida en contra de las recientemente aprobadas reformas legales en materia comicial y en supuesta defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) reside en la afirmación de que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está empeñado en destruirlo (Lorenzo Córdova, aún presidente de ese organismo, empleó recientemente el verbo “destazar”), reducir drásticamente la confiabilidad de los mecanismos electorales y hasta afectar el manejo de las credenciales para votar expedidas por ese órgano autónomo.

En tales asertos se anclan afirmaciones más disparatadas, como que el objetivo de la “destrucción” del INE sería asegurar el triunfo del partido en el gobierno en las elecciones del año entrante, o bien acabar con la democracia, o crear las condiciones para imponer una dictadura, dislates reiterados una y otra vez durante las movilizaciones opositoras del domingo pasado.

El fondo de la disputa en torno a los organismos electorales, el régimen de partidos y, en particular el INE, es en realidad por dos paradigmas institucionales y políticos contrapuestos. Quienes se dicen defensores de ese instituto propugnan una democracia que se pretende “sin adjetivos”, pero que los tiene de manera inocultable: representativa, elitista, tecnocrática, despolitizadora y generadora de castas y cacicazgos políticos; por la otra, se busca avanzar en la construcción de una democracia participativa y directa en la que los ciudadanos sean protagonistas permanentes, y no sólo cuando acudan a las urnas, en la que las decisiones relevantes se tomen previa consulta entre la población, en la que la permanencia del mandato esté condicionado a la de la confianza en los mandatarios –y no únicamente el titular del Ejecutivo federal– y, no menos importante, en la que el poder del dinero quede excluido como factor en la conformación del poder político.

La propuesta gubernamental tenía también una faceta de austeridad que habría reducido en forma significativa lo que se ha llamado “el costo de la democracia”, es decir, los desmesurados presupuestos destinados a los organismos y procedimientos electorales y a la operación de los partidos.

Pero ese diferendo hubo de ser pospuesto tras el veto opositor a la reforma electoral constitucional propuesta por la Presidencia de la República y para cuya aprobación se requería de dos tercios de los votos en el Legislativo. En tal circunstancia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó un nuevo proyecto de modificaciones a las leyes reglamentarias, susceptible de ser aprobado por mayoría simple, como ocurrió la semana pasada.

Esta nueva iniciativa, menos ambiciosa, se centra en dar al INE una mínima eficiencia presupuestal y se traduce, entre otros puntos, en la cancelación de mil 200 de las 13 mil plazas con las que cuenta actualmente el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); tal recorte afectará básicamente a reducir a tres las cinco vocalías ejecutivas con que cuentan las juntas locales del organismo y de cinco a una en las distritales.

En suma, se trata de una medida de racionalización de recursos que de ninguna manera conlleva la pretendida “destrucción” del SPEN, como lo esgrimen los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y mucho menos recortes fatales de personal en los módulos de expedición de credenciales del organismo, como se ha aseverado.

La falsa noción de que está en curso el aniquilamiento de la institución electoral, la cancelación de su autonomía o, peor aun, la supresión de sus estructuras operativas en el territorio nacional, se ha convertido, sin embargo, en moneda de curso corriente en amplios sectores de la sociedad, debido a su difusión masiva en la mayor parte de los medios informativos.

Así, buena parte de los participantes en las movilizaciones del domingo pasado fueron a éstas convencidos de que López Obrador “quiere acabar con el INE” como un primer episodio de la “destrucción de la democracia”. Y en este punto debe admitirse que el gobierno ha fallado en la difusión de la nueva legislación electoral y de sus modestos alcances.

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