El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que su administración está desplegando todas las herramientas y estrategias a su alcance para frenar la entrada de inmigrantes indocumentados a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Lo único que no estamos haciendo, dijo, es dispararles a las personas que cruzan la frontera, porque, por supuesto, el gobierno de Biden nos acusaría de asesinato.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó con un comunicado en el que reprueba y expresa su absoluta preocupación a cualquier tipo de expresión que inste a actos violentos y a la deshumanización de la comunidad migrante, además de denunciar todo tipo de insinuaciones agresivas contra la vida de una persona. La titular de esa dependencia, Alicia Bárcena, inscribió las palabras del mandatario texano dentro de una narrativa de miedo que es producto de la polarización interna en Estados Unidos, y reiteró que la prioridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la defensa de los mexicanos.
Como señaló la canciller, ya forma parte de la disfuncional normalidad estadounidense el que los políticos de ese país, y en particular los del Partido Republicano, refuercen sus discursos xenófobos conforme se acercan las elecciones, pues ello les granjea las simpatías de una parte sustancial del electorado. Probablemente, Abbott es (tras Donald Trump) quien más ha explotado el racismo como herramienta propagandística, y quien más ha comprometido a la entidad que gobierna en una campaña delirante para culpabilizar a los buscadores de refugio de todos los males sociales y presentarlos como un peligro que debe ser atajado a cualquier costo.
Para ello, ha echado mano de un efectismo que sólo puede verse en Estados Unidos, con vehículos blindados y helicópteros de combate desplegados para localizar, aterrorizar y capturar a personas desarmadas, desfallecientes de hambre, sed y fatiga, tras haber enfrentado todos los peligros que supone ingresar a territorio estadounidense sin la documentación requerida.
Sin embargo, en su último exabrupto Abbott ha ido un paso más allá en su permanente incitación al odio al expresar sin ambages su deseo de perpetrar un genocidio y confesar que lo único que lo detiene es el temor a ser responsabilizado por ello. Si resulta estremecedor oír un pensamiento obviamente psicopático de cualquier individuo, produce escalofríos constatar que lo sostiene alguien con decenas de miles de personas armadas a su cargo y dotado del poder para desencadenar una verdadera tragedia. En cualquier comunidad política regida por el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, una declaración de este tipo movería a los ciudadanos y al aparato de procuración de justicia a exigir su dimisión y a procesarlo por apología de la violencia.
A sabiendas de que Abbott no enmendará sus posturas cavernarias y de que su gobierno permanecerá impune pese a las flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario y a las leyes estadounidenses (las cuales especifican que los asuntos migratorios son competencia exclusiva de la Casa Blanca), las autoridades mexicanas deben redoblar sus esfuerzos para proteger y asistir a los connacionales amenazados por las huestes del gobernador.
