Los organismos multilaterales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial —ONU; OEA— nacieron bajo la promesa de garantizar equilibrio y derechos. En los hechos su trayectoria fue otra desde su origen; el sistema se configuró dentro de una arquitectura de poder dominada por Occidente. Aun con contrapesos formales en instancias como el Consejo de Seguridad —que incluía a la Unión Soviética—, la dinámica real terminó por alinearse con los intereses de la hegemonía occidental. No como excepción, sino como patrón.
Ese sesgo no ha desaparecido; se ha vuelto más evidente. Bajo las nuevas condiciones geopolíticas, la distorsión se expresa con mayor claridad en sintonía con los intereses de Estados Unidos. El resultado es el craso deterioro de su credibilidad, al confundir diagnóstico con posicionamiento. El señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México parte de un hecho indiscutible: las desapariciones existen. Pero el documento incurre en una falla de origen: presenta el fenómeno como continuidad homogénea, sin distinguir etapas, responsabilidades ni transformaciones institucionales.
En el mejor de los casos es impreciso; en los hechos, el informe es interesado. No es lo mismo la desaparición forzada como política de Estado en la guerra sucia de los setenta —operada desde la Dirección Federal de Seguridad bajo mandos como Miguel Nazar Haro—, que la expansión de la violencia durante la estrategia de seguridad del sexenio de Felipe Calderón, ni el escenario actual bajo los gobiernos de la 4T. Equipararlos no es un matiz técnico: es una distorsión. En los setenta, la desaparición fue instrumento directo de control político.
En la guerra calderonista contra el narcotráfico, se multiplicaron las violencias con participación de actores estatales y criminales. En el periodo reciente, el fenómeno persiste, pero en un marco distinto: con mecanismos de búsqueda, registros y tipificación penal más claros. El informe diluye esas diferencias y con ello la responsabilidad. No distingue con claridad entre desaparición forzada atribuible al Estado y desapariciones vinculadas a redes criminales.
No pondera los cambios institucionales ni reconoce los instrumentos creados para enfrentar el problema. Convierte una realidad compleja en una afirmación plana. La simplificación no es inocua. Cuando todo es lo mismo, nada es distinguible. Y cuando nada es distinguible, la responsabilidad se vuelve intercambiable. Ese borramiento no fortalece los derechos humanos; los debilita. En la mañanera, Claudia Sheinbaum rechazó que exista hoy una política de Estado de desaparición forzada y subrayó la diferencia entre periodos. La objeción no es a la existencia del problema, sino a su caracterización.
Reconocer la gravedad no obliga a aceptar diagnósticos defectuosos. La precisión es condición de eficacia. Un informe que mezcla etapas, actores y responsabilidades no orienta la acción; la confunde. Parte de la prensa ha reproducido el señalamiento sin procesarlo, instalando una equivalencia simplificadora que no explica y sí polariza. El país no necesita diagnósticos espectaculares. Necesita diagnósticos precisos. La desaparición exige rigor. Un informe impreciso —y en realidad interesado— no ayuda a resolverla. La oscurece.
