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Denuncian persecución judicial contra el fundador del colectivo Radio Teocelo

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Ante la discusión de la nueva Ley de Telecomunicaciones en el Congreso, el colectivo indigenista Radio Teocelo denunció ser víctima de persecución judicial, presuntamente impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En un comunicado, la agrupación expuso que su colaborador José Élfego de Jesús Riveros Hernández, periodista y fundador de la emisora XEYTM 1490 AM, enfrenta un proceso legal por presunta violencia política en razón de género en contra de una integrante de ese partido.

Radio Teocelo recordó que en enero de 2025 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió inicialmente a su favor. Sin embargo, recientemente la resolución fue revocada y ahora se falló en beneficio del partido político.

“Esta decisión, contradictoria e injustificada, evidencia una preocupante falta de imparcialidad y apunta a una posible colusión entre el Tribunal Electoral y actores del PVEM”, acusó.

En este sentido, solicitó al Gobierno de México que garantice la protección de los medios de comunicación comunitarios e independientes, así como el respeto irrestricto a los derechos de quienes integran sus proyectos, en apego al artículo 6º constitucional.

Radio Teocelo expresó también su preocupación por el uso de causas legítimas, como las luchas feministas, con fines políticos para criminalizar el ejercicio del periodismo comunitario. “Esto representa una amenaza grave para los derechos fundamentales, incluida la libertad de prensa”, advirtió.

Además, solicitó a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se dicten medidas cautelares de protección para su equipo ante el hostigamiento político y judicial que han enfrentado en el desarrollo de su labor informativa.

Asimismo, exigió que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumpla de manera íntegra y sin dilaciones su propia resolución del expediente SER-PSC-8/2025, la cual –afirmaron– fue revocada de forma injustificada.

Finalmente, el colectivo advirtió que en un Estado democrático no se deben tolerar cacicazgos ni permitir que el sistema de partidos anteponga intereses particulares sobre los derechos colectivos y sobre quienes ejercen el periodismo desde y para sus comunidades.

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