Orizaba, Ver.- En un caso que evidencia la vulneración de los derechos de propiedad y la posible complicidad de autoridades de Catastro y del Registro Público de la Propiedad, el alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el delito de despojo.
Los afectados, exobreros de Río Blanco, acusaron al edil de haber intervenido ilegalmente en un terreno que les fue adjudicado por la Junta Especial número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en 2002.
Los denunciantes, Carlos Vázquez Hernández, Adolfo Pérez de Jesús, José Luis Gutiérrez Ladrón de Guevara y Abelardo Mazahua Reyes, señalaron que, al acudir al predio el 18 de febrero, descubrieron que el inmueble había sido modificado sin su consentimiento.
Entre los cambios más notorios se encuentra la desaparición de tuberías de conducción de agua y la construcción de una calle pavimentada, que los vecinos ya identifican como la prolongación de Norte 5 A. Según testimonios de vecinos, fue el alcalde de Orizaba quien ordenó estas obras.
Los afectados expusieron que este hecho no sólo representa un atropello a los derechos de propiedad de los exobreros, sino que también revela un posible abuso de poder por parte de Diez Francos.
Los quejosos afirmaron que los ayuntamientos de Ixhuatlancillo y Orizaba estaban al tanto de la resolución judicial que les otorgaba la propiedad del terreno, por lo que no existe justificación alguna para las acciones del alcalde orizabeño.
Además, destacaron que nunca dieron autorización verbal o escrita para que se realizaran modificaciones en el predio.
La denuncia incluye una solicitud para que el director general de los Servicios Periciales designe a un perito criminalista que realice una inspección detallada del lugar, incluyendo secuencias fotográficas, avalúo de daños y levantamiento de indicios.
Asimismo, se exige que se reparen los daños causados y que se castigue a los responsables, incluyendo al alcalde y a cualquier otra persona involucrada.
La presunta participación del munícipe orizabeño en este presunto despojo no sólo es una afrenta a la justicia sino también un recordatorio de la impunidad que prevalece en casos de corrupción y abuso de poder.
Señalaron que es necesario que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción actúe con celeridad y transparencia en esta investigación.
