Orizaba, Ver.- La comunidad académica y estudiantil de la Universidad Veracruzana (UV) culpa al rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez de provocar “una de las crisis institucionales más graves de los últimos años (…) ha ignorado argumentos jurídicos, exhortos públicos y movilizaciones que le advirtieron sobre la imposibilidad legal de mantenerse en el cargo”.
En un documento, la Red Universitaria por la Legalidad acusa al Aguilar Reyes “no sólo un desacato jurídico, sino también de una grave deshonestidad intelectual y ética, al fingir desconocer lo que la legislación de la institución establece de manera inequívoca”.
Para los firmantes esta actitud no es un simple error administrativo, sino una conducta que “refleja falta de compromiso con la comunidad y menosprecio hacia quienes han exigido pacíficamente el restablecimiento del orden institucional”.
El documento refiere que el rector fue advertido desde el primer día por especialistas en Derecho universitario, exmiembros de la Junta de Gobierno, profesores, investigadores y estudiantes que no contaba con atribuciones para solicitar ni ejercer una prórroga en la rectoría. “Pese a ello, decidió actuar en sentido contrario a lo marcado por la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Reglamento de la Junta de Gobierno”.
Menciona que varios sectores de la UV exigieron transparencia y rendición de cuentas mientras hacían protestas pacíficas en todas las regiones universitarias. Reprochan que ante ello, “optó por la indiferencia, la cerrazón y la imposición, ignorando el descontento y la preocupación expresada por estudiantes, académicos, trabajadores activos y jubilados”.
La carta subraya que la gravedad del acto no sólo radica en el plano legal, sino en el plano moral, “mantenerse en un cargo que ya no corresponde quebranta los principios éticos fundamentales que rigen a la Universidad Veracruzana” y compromete la integridad de la institución.
Destacan que fingir desconocer la normatividad afecta la confianza interna y debilita la autonomía universitaria.
Señalan que Aguilar Sánchez juró, al asumir la rectoría en 2021, respetar y defender la normatividad universitaria. Por ello, consideran que su permanencia irregular representa una ruptura con ese compromiso y arrastra a la Junta de Gobierno, cuyas actuaciones fueron alentadas o permitidas por el rector.
El documento plantea a Martín Reyes tres exigencias principales: dejar de ejercer las facultades rectorales que ya no le corresponden; reconocer la violación cometida contra la legalidad universitaria y apartarse del cargo para permitir la recuperación del orden institucional”.
Se advierte que, de no hacerlo, la historia institucional recordará al rector no por aportaciones académicas, sino por haber usado una posición de privilegio para transgredir la normativa universitaria.
Aun así, la carta sostiene que Aguilar Sánchez “todavía está a tiempo de rectificar” y de evitar que su legado quede marcado únicamente por lo que llaman un acto de deshonestidad intelectual y ética. Reiteran que la Universidad Veracruzana merece una conducción apegada estrictamente a la ley, a sus principios fundacionales y a la confianza de la comunidad.
El documento concluye enfatizando que la UV –por su historia y su papel en el desarrollo regional– requiere una rectoría legítima, ética y confiable. Los universitarios señalan que “la comunidad merece algo muy distinto” a la conducta observada en los últimos meses y reiteran su llamado a restaurar la legalidad dentro de la institución.
