Orizaba, Ver.- En la zona centro del estado, el flujo migratorio hacia Estados Unidos no disminuye pese a las restricciones legales que se aplican en aquel país.
En un comunicado, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, exigió alto a las políticas gubernamentales que exponen la vida de las personas en tránsito y con necesidades de protección en la Ciudad de México y otras entidades.
Refirió que desde octubre de 2022, las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes han documentado con preocupación el aumento en la Ciudad de México de la afluencia de miles de personas en situación de movilidad, sobre todo de mujeres y familias con niñas, niños y adolescentes.
La organización atribuyó esta situación a los acuerdos migratorios entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Agregó que eso también implicó una sobresaturación de los albergues operados por la sociedad civil que desbordó sus capacidades de atención.
Por ello, hace seis meses la red solicitó al gobierno de la Ciudad de México la apertura de un lugar de recepción de extranjeros donde se pudiera brindar una atención primaria de acuerdo con los principios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión establecidos en el artículo 11 de la Constitución local, que deben brindar las autoridades capitalinas a esta población, objeto de la protección internacional y en otro contexto de movilidad humana.
Desde su apertura, los albergues de sociedad civil en la Ciudad de México señalaron a las autoridades la insuficiencia de estos que, a pocos días de estar habilitados, contabilizaba a más de 500 extranjeros.
Los albergues y organizaciones de la sociedad civil realizaron diversas visitas y constataron que la capacidad era insuficientes y no se cumplía con estándares mínimos de atención y seguridad, y no se implementó el protocolo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país para la operación de estos lugares como señalaron las autoridades que lo harían.
Mencionó que el sábado 13 de mayo se presenció que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México estaban desalojando albergues y subiendo a las personas migrantes en autobuses proporcionados por el Instituto Nacional de Migración (INM) para ser trasladadas a distintas oficinas y representaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ubicadas en los estados de Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, y Morelos.
La red acusó que esto fue una violación a sus derechos humanos, ya que las autoridades están obligadas a cumplir con los procedimientos y garantías para el acceso a información y a un proceso adecuado, lo cual, debe ser juzgado por las autoridades correspondientes.
Asimismo, esta agrupación, pide “respeto y garantía al derecho de todas las personas a decidir el lugar donde se quiere desarrollar el proyecto de vida, y ejercer su derecho a migrar y buscar protección internacional en el lugar en el que se sientan seguras”.
