El repunte sostenido en los precios del crudo durante 2026 ha detonado tensiones macroeconómicas considerables, especialmente en naciones con alta dependencia de los hidrocarburos, como México. Este fenómeno impacta directamente en la inflación y disminuye el poder adquisitivo, afectando de manera desproporcionada a los hogares más vulnerables. Ante este escenario, la política fiscal se ha consolidado como el eje estratégico del Gobierno de México para mitigar los efectos de la crisis. A través de subsidios y la regulación de precios, el gobierno ha logrado contener el alza de los energéticos, preservando la estabilidad macroeconómica y el bienestar social. No obstante, la experiencia histórica del país subraya el persistente desafío de conciliar estos objetivos sociales con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En México, la respuesta fiscal ante la volatilidad de los precios de los energéticos se ha articulado históricamente a través de diversos esquemas de subsidios. En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) clasifica los apoyos energéticos en subsidios explícitos e implícitos, distinguiéndolos principalmente por su registro contable.
Los primeros consisten en transferencias directas o asignaciones etiquetadas como gasto público en el presupuesto federal. Por el contrario, los subsidios implícitos no figuran como erogaciones directas, sino como una renuncia recaudatoria o un costo indirecto para el gobierno; esto ocurre cuando los energéticos se comercializan por debajo de su costo económico o mediante beneficios en los impuestos aplicables
Los subsidios implícitos a los hidrocarburos fueron la norma en México desde la administración de José López Portillo (1976-1982) hasta la de Vicente Fox Quesada (2000-2006), cuando el gobierno intervenía directamente en los precios administrados para mantenerlos artificialmente bajos y proteger el poder adquisitivo de la población. Esta política, justificada por la soberanía petrolera post-nacionalización de Pemex en 1938, generó déficits fiscales crecientes y distorsiones en el mercado energético.
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se introdujeron subsidios explícitos a los combustibles, incorporados directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esto respondió a la escalada de los precios internacionales del petróleo, con montos que alcanzaron miles de millones de pesos anuales para evitar alzas abruptas en la gasolina y el diésel.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto (2012-2018) impulsó la liberalización gradual del mercado de hidrocarburos, aprobada en 2013-2014. Se eliminaron progresivamente los subsidios y los precios se vincularon al mercado internacional, fomentando la competencia vía nuevas empresas privadas. Este proceso histórico de subsidios a los hidrocarburos se reconfiguró durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024) y Claudia Sheinbaum Pardo (2024–actualidad), revirtiendo la tendencia liberalizadora previa y fortaleciendo el papel activo del Estado en la política energética.
En este contexto, el principal instrumento fiscal para otorgar subsidios al consumo de gasolina y diésel ha sido el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A diferencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava de manera generalizada el consumo, el IEPS se aplica a la producción, venta o importación de bienes específicos, entre ellos los combustibles. Este impuesto cumple una doble función: por un lado, constituye una fuente relevante de recaudación para el gobierno y, por otro, opera como un instrumento de política pública con fines correctivos, al permitir la desincentivación del consumo de bienes con efectos negativos sobre la salud o el medio ambiente.
La Ley del IEPS establece cuotas fijas por litro para la gasolina Magna, Premium y el diésel, las cuales se actualizan anualmente conforme a la inflación. Asimismo, la SHCP cuenta con facultades para ajustar semanalmente las cuotas efectivas mediante la aplicación de estímulos fiscales, cuyos porcentajes se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las cuotas del IEPS para 2026 registraron una actualización aproximada de 3.8% respecto al año anterior, situándose en 6.7001 pesos por litro para la gasolina Magna, 5.6579 pesos por litro para la Premium y 7.3634 pesos por litro para el diésel.
En respuesta a la crisis petrolera global de 2026, el Gobierno de México -a través de la SHCP- publicó en el DOF estímulos fiscales extraordinarios a los hidrocarburos. La estrategia inició el 4 de marzo con apoyos al diésel y se extendió, una semana después con la incorporación de las gasolinas Magna y Premium.
En el caso de la gasolina Magna, el estímulo se incrementó de 24.08% el 21 de marzo a 31.34% el 10 de abril. Para la gasolina Premium, el apoyo pasó de 7.47% a 18.49% en el mismo periodo. El diésel registró el mayor ajuste, al aumentar de 35.21% el 14 de marzo a 81.20% el 10 de abril. Finalmente, para la semana del 11 al 17 de abril, la SHCP estableció estímulos de 26.97% para la gasolina Magna, 8.90% para la Premium y 80.35% para el diésel.
De manera paralela, la política de subsidios a los energéticos se ha fortalecido con la regulación de precios mediante el establecimiento de precios máximos. Para ello, el gobierno ha suscrito acuerdos voluntarios con el sector privado. Actualmente, existen convenios con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo de 24.0 pesos por litro en la gasolina Magna y de 28.50 pesos por litro en el diésel.
En el caso del gas LP, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina semanalmente un esquema de precios máximos. Respecto del gas natural, la CRE fija su precio mensual o diario para ventas de primera mano (generalmente de Pemex), utilizando como referencia los precios internacionales, ajustados por los costos de transporte, el balance de comercio exterior y las condiciones competitivas.
Hasta el primer trimestre de 2026, la política fiscal orientada a la estabilización macroeconómica y a mitigar la pérdida del poder adquisitivo en los sectores más vulnerables ha mostrado resultados favorables, aunque moderados. De acuerdo con el INEGI, a marzo de 2026 la inflación anual se ubicó en 4.59%, mientras que la canasta de consumo mínimo registró una variación anual de 4.56%.
Si bien el salario mínimo aumentó 12% en 2026, el encarecimiento de bienes y servicios ha propiciado un deterioro del salario real, particularmente en los hogares de menores ingresos. No obstante, esta pérdida ha sido significativamente menor a la que se habría observado en un escenario de libre mercado, lo que sugiere la eficacia de la intervención estatal para contener los precios de los combustibles y del gas.
La crisis petrolera de 2026 ha vuelto a evidenciar la elevada vulnerabilidad de la economía mexicana frente a la volatilidad de los mercados energéticos internacionales, así como su persistente dependencia de los hidrocarburos como insumo estratégico. El incremento sostenido de los precios del petróleo ha generado presiones inflacionarias significativas y ha puesto en riesgo el poder adquisitivo de los hogares, lo que ha obligado al gobierno a implementar una respuesta fiscal activa de carácter contracíclico.
La experiencia reciente en materia de política energética en México sugiere que, si bien la intervención estatal ha contribuido a preservar la estabilidad social, la posible prolongación del conflicto bélico entraña riesgos de distorsión económica, así como un aumento sostenido de los compromisos presupuestarios.
En suma, la respuesta fiscal ante la crisis petrolera de 2026 confirma la importancia de contar con políticas fiscales flexibles y oportunas que permitan amortiguar los choques externos sin comprometer el equilibrio macroeconómico. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de avanzar hacia una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos, así como de fortalecer los mecanismos de política pública que concilien la protección social con la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo la exposición estructural de la economía mexicana a futuras crisis energéticas.
