Orizaba, Ver.- El país pudiera enfrentar uno de los cierres de año más difíciles en los pasados 10 años, el crecimiento de la pobreza, la pobreza extrema, el fracaso de las políticas públicas, la reducción de ingresos económicos per cápita y un rezago de acceso a servicios como educación y salud, harán que el último trimestre del año sea bastante complicado, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoyado por datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En un documento este organismo empresarial afirma que la cifra de personas en condición de pobreza “ha aumentado durante la actual administración. En Coparmex analizamos la realidad que enfrenta el país y la política social seguida, para determinar propuestas para que desde el Paquete Económico 2023 y desde el sector empresarial con el Modelo de Desarrollo Inclusivo, poder crear mejores condiciones de vida para las familias”.
La contracción económica de México en 2020 “ocasionada por la pandemia de covid-19 fue de 8.5 por ciento, impactando el empleo formal, las horas trabajadas y los ingresos laborales. Las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados. Se reportan 55.7 millones de personas en situación de pobreza, 10.8 millones de ellos en pobreza extrema”.
No obstante, se señala, “si analizamos los indicadores de bienestar económico encontraremos que son 66.9 millones quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar (Coneval, 2021). Es decir, no ganan lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población del país en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9 por ciento, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones”.
En términos de carencias sociales, se precisa, “el cambio entre 2018 y 2020 fue un preocupante aumento de 12.0 puntos. De los seis indicadores de carencias sociales que mide el índice multidimensional de la pobreza (rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones”.
Hoy, se agrega, “70 por ciento de la población que nace en los dos quintiles socioeconómicos más bajos permanece ahí, con pocas posibilidades de superar esas condiciones (movilidad) según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Si naces pobre, es muy probable que así te quedes el resto de tus días; para el cierre de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que los pobres en México serán 58.1 millones; considerando que las mujeres son más del 50 por ciento de la población, el problema aumenta por la falta de oportunidades”.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF) plantea destinar el próximo año 600 mil 321.9 millones de pesos a 16 programas sociales que el gobierno federal considera prioritarios. Se estima asignar a la Secretaría del Bienestar 32 por ciento más recursos en términos reales, pasando de los 308 mil millones de pesos presupuestados en 2022 a 408 mil millones para 2023. Es decir, son cantidades multimillonarias destinadas a transferencias, apoyos y becas”.
En contraste, el gasto educativo estará por debajo de los niveles de la prepandemia, “ya que solo se incrementó en 4.5 por ciento respecto a 2022; en Educación Básica no se etiquetó presupuesto para abatir los efectos de la crisis de salud pese a que este nivel concentra al 73.1 por ciento de la matrícula escolar. Lo mismo ocurre con el gasto per cápita en salud, cayó 2.1 por ciento para quienes no cuentan con seguridad social que es justo la población menos favorecida”.
Los programas sociales, se advierte, “serían eficaces si hubiesen reducido el número de personas en pobreza, pero eso no ha ocurrido. La desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que no funcionó, empeoraron la situación, se obligó a miles de mexicanos a acudir a los servicios privados de salud, también, se desmanteló el sistema de abasto de medicinas y se eliminaron las escuelas de tiempo completo”.
Se han descuidado la salud y la educación, “lo que ha tenido impacto negativo en el bienestar de los mexicanos y condena a los menos favorecidos a la pobreza. Se ha mencionado que 70 por ciento de los hogares reciben recursos de al menos un programa social. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra lo contrario ya que solo 29.7 por ciento de los hogares reportó recibirlos”.
En 2016, 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social, “en 2020, bajó a 43 por ciento. La misma encuesta pero de 2020 muestra que mientras en 2018 el 60.7 por ciento del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7 por ciento; es decir, más del 20 por ciento de los hogares más pobres quedaron descubiertos con la política social actual”.
Los programas sociales, se lee, “como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre otros, tienen una lógica de justicia social acertada, pero tienen que ser rediseñados, contar con reglas de operación claras, con padrones de beneficiarios confiables y mecanismos de contraloría social que abonen a la transparencia. La política social, si bien ha sido eficaz en términos políticos, no ha cumplido con su principal objetivo social; reconocemos que los programas sociales son necesarios ante la pobreza y desigualdad que existe en el país, pero proponemos un cambio de objetivo: en lugar de que sea la entrega directa de dinero, que sea solo un medio”.
El verdadero objetivo, se propone, “debe ser que las personas y familias salgan de su condición de pobreza. En Coparmex creemos que el Modelo de Desarrollo Inclusivo que proponemos puede ser un faro para ampliar las posibilidades de superación de la pobreza, sí con programas sociales, pero también creando condiciones para que más empresas surjan y haya empleos. Hay que ser claros, no hay presupuesto público que alcance, pero sí puede haber innovación y voluntad para propiciar el surgimiento de más fuentes de empleo que se traduzcan en más y mejores ingresos para las familias. Sí a los becarios y sí a los empresarios. Con más personas participando en la vida productiva del país, se crea un círculo virtuoso que tiene como resultado una mejora continua en el bienestar de los individuos”.
Para concluir, el organismo empresarial presenta un modelo de desarrollo inclusivo con siete acciones:
Cambiar el modelo de reparto de subsidios generales por una aplicación focalizada de los programas sociales y corregir la actual asignación de los programas de transferencias monetarias para evitar la exclusión de los hogares de menores ingresos; retomar el concepto del Coneval que considera que una persona está en situación de pobreza cuando tiene un ingreso menor a la línea de bienestar (valor mensual total de la canasta alimentaria y no alimentaria), para hacerlo el estándar mínimo de ingresos.
Otra propuesta, se expone, es garantizar que los empleos a los que acceden las personas vulnerables, como los indígenas, cuenten con seguridad social; terminar con la brecha de género, asegurando igualdad de oportunidades; establecer una política de fomento al emprendimiento; y también a la economía social y solidaria que permita a las cooperativas y al conjunto de empresas de propiedad colectiva del sector social, crecer, captar inversión, acceder a crédito de la banca de desarrollo a tasas preferenciales, abrir nuevos canales de comercialización en compras públicas y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.
Avanzar en la construcción de un sistema universal de protección social, para ello es imperativo asignar presupuesto igualitario e integrar funcionalmente la atención primaria en salud. La atención primaria permite atención preventiva, detección de riesgos y control de las enfermedades en sus primeras fases, además de establecer un esquema de transferencias monetarias de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento, a través de mecanismos ágiles y transparentes de registro y asignación temporal.
