Orizaba, Ver.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, al considerar que vulneran la libertad de expresión, tanto de medios de comunicación como de ciudadanos, y podrían convertirse en herramientas de persecución política.
El vicepresidente del sindicato empresarial en Orizaba, Jorge Peláez Muñoz, alertó sobre los riesgos que implica esta reforma, especialmente por la ambigüedad con la que se interpreta la figura de la violencia política en razón de género.
Señaló que actualmente cualquier crítica legítima hacia una autoridad podría considerarse acoso o violencia, incluso si se trata de una exigencia legítima de rendición de cuentas.
“Estamos en una línea muy delgada. Estas reformas, si bien dicen tener como objetivo frenar el acoso cibernético, se están utilizando para amedrentar a periodistas, medios de comunicación, empresarios o ciudadanos que cuestionan a las autoridades”, expresó.
Peláez subrayó que no se consultó de forma adecuada a todos los sectores involucrados, incluidos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, antes de aprobar los cambios.
De la misma criticó también el caso específico de Puebla, donde tras aprobarse la reforma, las autoridades instalaron mesas de trabajo para analizar sus alcances, lo que calificó como una “burla” a la ciudadanía.
“Se está haciendo un uso desvirtuado del término de violencia política en razón de género. La figura es necesaria y positiva para proteger a las mujeres en un país que enfrenta múltiples tipos de violencia, pero ahora se ha convertido en una herramienta para callar voces incómodas”, afirmó.
Alertó sobre un creciente sesgo autoritario en algunas regiones del país, mencionando como ejemplo el caso del periodista Héctor de Mauleón en Tamaulipas, donde se ha denunciado represión estatal a raíz de críticas al gobierno.
Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación, la ciudadanía y el sector empresarial a sumar esfuerzos para defender la libertad de expresión y detener lo que consideró “el uso del aparato del Estado contra los ciudadanos críticos”.
“Debemos alzar la voz. No podemos permitir que se nos persiga por pensar distinto o por ejercer nuestro derecho a cuestionar”, concluyó.
