Mientras la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) avanza este 2025 en un proceso abierto y en curso para renovar su Rectoría, en la Universidad Veracruzana (UV) persiste la inconformidad de sectores académicos y estudiantiles ante el intento del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, de extender su mandato más allá del periodo para el que fue electo en 2021.
El contraste entre ambos modelos de designación es evidente: mientras en Puebla se refuerza la participación de la comunidad universitaria mediante entrevistas y mecanismos de auscultación sectorial, en Veracruz se mantiene un sistema cerrado, centralizado en la Junta de Gobierno, lo que abre el debate sobre la legitimidad, transparencia y representatividad de ambos procesos.
Cabe precisar que tan sólo este año se registraron cuatro renuncias dentro de la Junta de Gobierno de la UV: María Angélica Buendía Espinosa, Haydee Zizumbo Ramírez, Alfredo Sánchez Castañeda, Hugo Casanova y Erika Maldonado, mismas que se suscitaron en medio de un contexto de desacuerdo con la prórroga propuesta por Aguilar Sánchez.
BUAP: apertura y continuidad institucional
La convocatoria emitida por la BUAP este año establece un procedimiento en el que la comunidad universitaria participa de forma directa. El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, tiene un papel determinante y se hacen entrevistas públicas a los aspirantes. El modelo poblano prioriza la auscultación sectorial: estudiantes, académicos y trabajadores tienen voz en el proceso, lo que amplía el margen de participación interna y refuerza la percepción de legitimidad en la sucesión.
Actualmente, la BUAP se encuentra en la etapa de entrevistas con aspirantes, en las que se presentan proyectos de desarrollo institucional y se someten a cuestionamientos. Los aspirantes que participan en las entrevistas son Laura Alicia Barroso Yáñez, César Ricardo Cancino Ortiz, Lilia Cedillo Ramírez, Eloísa Shengly Chilian Herrera, Salvador Galicia Isasmendi, Beatriz Gutiérrez Müller, Odorico Mora Carreón, Ricardo Paredes Solorio y Rodolfo Javier Zepeda Memije.
El proceso ha sido acompañado de difusión pública, lo que abona a la transparencia.
UV: un proceso cerrado y cuestionado
La Universidad Veracruzana, en contraste, ha mantenido un esquema de designación centralizado en la Junta de Gobierno. La convocatoria de 2021, bajo la cual contendió y fue electo Martín Aguilar Sánchez, establecía requisitos estrictos como la necesidad de ser propuesto por miembros de la comunidad universitaria, tener al menos cinco años de antigüedad académica, presentar un plan de trabajo y, de forma adicional, entregar una terna para ocupar las secretarías Académica y de Administración y Finanzas.
Aunque se contempló la participación de la comunidad a través de encuestas digitales, entrevistas y buzones de opinión, la auscultación fue de carácter consultivo y no vinculante. La decisión final recayó en la Junta de Gobierno, sin voto universal ni sectorial.
Ese diseño institucional, de carácter restrictivo, ahora enfrenta críticas más severas debido a que Aguilar Sánchez busca mantenerse en la Rectoría mediante una prórroga, lo que ha sido calificado por voces universitarias como un intento de aferrarse al cargo. La ausencia de una convocatoria para renovar la Rectoría, a diferencia de lo que ocurre en la BUAP, ha provocado inconformidad en diversos sectores de la UV.
Candados y contrastes
Los “candados” en el caso de la UV –antigüedad mínima, respaldo interno y control absoluto de la Junta de Gobierno– funcionan como filtros que limitan la competencia y reducen el margen de incidencia de la comunidad universitaria. En la BUAP, por el contrario, la estructura del proceso, aunque también regulada por órganos de gobierno, se abre a una participación sectorial más amplia y con mecanismos de escrutinio público.
Mientras en Puebla se construye la sucesión con base en la renovación institucional, en Veracruz la falta de claridad en el relevo y la casi inminente extensión del mandato del actual rector colocan a la UV en una posición de vulnerabilidad frente a cuestionamientos sobre su vida democrática interna.
Legitimidad en disputa
El momento político de ambas universidades revela modelos opuestos. En la BUAP, la legitimidad se sustenta en un proceso que, aunque perfectible, permite que la comunidad universitaria tenga un papel activo en la definición de su próximo liderazgo.
En la UV, la discusión no está centrada en quién debe suceder a Aguilar Sánchez, sino en si debe o no mantenerse en el cargo mediante una prórroga que no estaba prevista en la convocatoria de 2021.
En resumen, la UV concentra todo el poder del proceso en la Junta de Gobierno, mientras que en la BUAP hay un esquema más amplio de participación sectorial con votación. El diseño de la UV es más cerrado y elitista, al asegurar que sólo quienes tengan trayectoria interna, redes sólidas dentro de la institución y aceptación del pleno de la Junta de Gobierno puedan llegar a la Rectoría.
La situación plantea una disyuntiva: mientras Puebla avanza en la normalidad de su sucesión universitaria, Veracruz enfrenta un clima de incertidumbre que pone en entredicho la gobernanza académica y la confianza en sus instituciones internas.
