Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) se manifestaron afuera de las instalaciones de Rectoría para evidenciar su rechazo a la prórroga obsequiada al rector, Martín Aguilar Sánchez.
Con las consignas de “La UV está de luto por un rector corrupto” y “No a la prórroga” bloquearon el circuito universitario Gonzalo Aguirre Beltrán.
Afirman que esperan que las autoridades den marcha atrás a la prórroga, pues “no es legal ni legítima”.
“Como alumno estoy en contra de la prórroga y a favor de que el exrector deje su puesto y las cosas puedan llevarse de una manera legal, transparente y legítima, acorde con las leyes propias de la Universidad (…) En definitiva, sí se debe dar marcha atrás”, expresó un estudiante de la Facultad de Matemáticas, quien prefirió no dar su nombre.
La protesta arrancó a las 12 horas y además de realizar el plantón al exterior de la Rectoría, marcharon por la zona UV.
Consideran que se debe emitir una nueva convocatoria para elegir a quien debe ser el rector.
“La Ley Orgánica sí marca que se puedan hacer prórroga, pero el rector no cumple con el requisito de la edad. Hay un aspecto que marca que para cargos así son 65 años y el señor rector tiene 66; también dice que se tiene que avisar con dos meses de antelación y se requieren los votos de todos los jefes de carrera y representantes alumnos, pero se brincaron ese paso”, dijo otro de los estudiantes participantes en la protesta.
Mencionaron que van a continuar con las movilizaciones hasta ser escuchados por las autoridades correspondientes.
Denuncian intimidación en la región Orizaba-Córdoba
Orizaba, Ver.- Estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en las facultades de la UV en la región Orizaba-Córdoba, son intimidados por autoridades universitarias y representantes sindicales, quienes buscan frenar cualquier expresión de apoyo al movimiento Red Universitaria por la Legalidad y sumarse a las protestas contra la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez.
De acuerdo con testimonios recabados de trabajadores, docentes y alumnos, que bajo oferta de anonimato accedieron a explicar que es lo que pasa, son los directores de facultad y las dirigencias sindicales del Fesapauv y el Setsuv, los que han recurrido a amenazas veladas e incluso a circulares oficiales para justificar la permanencia del rector Martín Aguilar Sánchez, cuya prórroga ha sido duramente cuestionada por académicos y exrectores.
Entre los casos más señalados destacan los de docentes afiliados al Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), quienes aseguran que sus representantes sindicales prácticamente los amenazaron con la posibilidad de aplicar sanciones si expresan abiertamente su respaldo al movimiento universitario por la legalidad.
De igual manera, trabajadores administrativos y manuales han denunciado que los directores de facultades y delegados sindicales del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) les han lanzado advertencias directas. “No se metan en problemas”, habrían dicho algunos de los funcionarios, según relatan empleados que pidieron el anonimato por temor a represalias.
A estos episodios se suma la presión hacia estudiantes, a quienes también se les habría conminado a no involucrarse en discusiones relacionadas con la legitimidad del rectorado, bajo el argumento de que “no vale la pena arriesgar la estabilidad académica por cuestiones políticas”.
En paralelo, personal directivo ha hecho circular entre la comunidad un documento en el que se asegura que la prórroga de funciones del rector Martín Aguilar Sánchez se encuentra dentro de un marco legal.
Según esta versión, la extensión del mandato se justificaría en la necesidad de garantizar continuidad administrativa en tanto se resuelve la designación de una nueva autoridad interina.
Sin embargo, académicos que forman parte de la Red Universitaria por la Legalidad consideran que dicho material constituye un intento de manipulación, pues afirman que la normatividad universitaria no contempla una figura de prórroga automática, lo que coloca a la máxima casa de estudios en una situación de ilegalidad e ilegitimidad si no se designa un rector interino.
El conflicto en la UV no es nuevo. Desde hace semanas, exrectores y especialistas en derecho universitario han advertido que, si para este1 de septiembre no se nombraba a un rector o rectora interina, la institución estaría actuando fuera de la norma. La advertencia fue planteada incluso por el exrector Raúl Arias Lovillo, quien calificó de “ilegal” la permanencia de Aguilar Sánchez después de esa fecha sin una designación formal.
El surgimiento de la Red Universitaria por la Legalidad se inscribe precisamente en este contexto. Integrada por docentes, alumnos y trabajadores, esta agrupación sostiene que la UV debe enviar un mensaje claro de respeto a la autonomía y a sus propias reglas, evitando prácticas que, en su opinión, deterioran la credibilidad de la institución.
La serie de intimidaciones y advertencias en la región Orizaba-Córdoba pone de relieve que la disputa por la rectoría no se limita al plano jurídico, sino que también se ha trasladado al ámbito cotidiano de las facultades, donde la comunidad se siente presionada y sin libertad de expresión.
Académicos señalan que nunca antes habían enfrentado un ambiente de tanta hostilidad por diferencias en torno a un tema institucional. “Se nos pide no opinar, no hablar en clases, no publicar nada en redes sociales. Eso, en una universidad, es preocupante porque va contra la esencia misma de la vida académica”, comentó un profesor consultado.
Mientras tanto, los señalamientos de hostigamiento en las facultades de la región Orizaba-Córdoba reflejan el grado de tensión que se vive en una universidad que, de acuerdo con voces internas, enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
La comunidad universitaria espera que las instancias correspondientes aclaren la legalidad del actual proceso y que se garantice un ambiente libre de presiones para estudiantes y trabajadores. De lo contrario, advierten, la institución podría entrar en un periodo de ingobernabilidad académica y administrativa.
