El gobierno federal presentó esta semana un diagnóstico sobre la contaminación de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula. Brigadas de Semarnat recorrieron 340 kilómetros, tomaron muestras en 322 puntos e identificaron 3 mil 202 descargas domésticas e industriales, 479 tiraderos clandestinos y 460 industrias potencialmente contaminantes. El programa destinará más de 20 mil millones de pesos durante el sexenio para sanear esas tres cuencas.
Veracruz concentra una de las redes hidrológicas más densas del país: el Pánuco, el Cazones, el Tuxpan, La Antigua, el Papaloapan, el Coatzacoalcos. Este último ya tiene el lugar que a los otros les falta: un reporte de la CNDH de 2018 lo calificó como el río más contaminado de México, Greenpeace lo había señalado en 2016 tras la explosión de la petroquímica Clorados Tres, y los registros de contaminación por actividad petrolera se remontan a antes de 1950. Las denuncias contra Nestlé y Coca-Cola en Coatepec por no pagar el agua que extraen tienen décadas. Esta casa editorial las documentó ya en 2010, último año del gobierno de Fidel Herrera. Las más recientes son de septiembre de 2025, cuando Conagua confirmó que la revisión de esas concesiones seguía abierta. Hoy, julio de 2026, no existe una sola sanción ni una resolución pública. La denuncia de Veracruz no es nueva. Lo que falta es que alguien la convierta en diagnóstico técnico.
El río Pixquiac ilustra el mecanismo. Nace en el Cofre de Perote y abastece casi la mitad del agua de Xalapa. Corre limpio en su tramo alto, entre Acajete y Tlalnelhuayocan, porque ahí no hay industria. El deterioro empieza después de Coatepec, donde Nestlé y Coca-Cola extraen de pozos propios y devuelven al río el agua de lavado de sus plantas sin tratamiento previo. Dos revisiones anunciadas, en 2024 y 2025, y ningún documento que diga en qué terminaron, no prueban corrupción necesariamente, pero sí un nivel rotundo de irresponsabilidad transpartidaria. Obligan a Conagua a decir, con nombre y cargo, quién lleva el expediente de Coatepec y por qué un proceso abierto hace un año no ha producido sanción ni archivo.
El río Sordo confirma el patrón. Su subcuenca está clasificada como contaminada, con el arroyo Papas y el río Carneros como focos altos antes de confluir. El colector Hortencia desvía aguas negras del Carneros hacia el Sordo desde hace más de sesenta años. El 31 de mayo de 2013 el ayuntamiento de Xalapa anunció que entubaría esas descargas hacia plantas de tratamiento, con 80 por ciento menos contaminación proyectada. Trece años después, los estudios de 2018 y 2026 muestran el mismo río contaminado. La promesa de 2013 no resolvió nada.
A la industria y a la basura que miles de usuarios arrojan a los cauces se suma un tercer responsable que ninguna administración quiere nombrarse a sí misma: el gobierno municipal. Xalapa y Coatepec han sido gobernados por el PRI, por el PAN y por Morena, y bajo los tres colores las mismas descargas siguen documentadas por vecinos, universidades y activistas. No es un problema de un partido. Es una prioridad que ningún gobierno local, sin importar su origen, ha colocado por encima de otras agendas. El agua sostiene la vida diaria de cientos de miles de personas en estas cuencas, y postergar su saneamiento por atender asuntos de apariencia más urgente es una decisión, no un accidente.
El diagnóstico que Semarnat aplicó a Atoyac, Lerma-Santiago y Tula identificó drenajes sin tratamiento, descargas industriales fuera de norma, basura y azolve por deforestación. Es lo que documentan, dispersos, el Pixquiac, el Sordo y el Coatzacoalcos. La diferencia es que nadie ha recorrido los 340 kilómetros equivalentes en las cuencas veracruzanas ni ha tomado las 322 muestras que convertirían monitoreos comunitarios y universitarios en una política pública de largo plazo: monitoreable, verificable, con rendición de resultados y diagnósticos hechos públicos, con nombres de los responsables. Sin eso, lo que se le pide a la población es fe, y eso no basta.
Esa tarea le corresponde al gobierno del estado, no a la federación. Los insumos existen: los monitoreos de Amigos del Pixquiac, los estudios de la Universidad Veracruzana sobre el Sordo, los expedientes de Profepa, la resolución judicial de La Antigua, la revisión inconclusa de Conagua sobre Coatepec. Sistematizar esa evidencia en un diagnóstico por cuenca, con las concesiones industriales como variable propia, es trabajo de gabinete.
Resolver el problema exige tres acciones simultáneas: reforestar las partes altas de estas cuencas para frenar el azolve que las asfixia, construir y operar las plantas de tratamiento que los ayuntamientos llevan más de una década prometiendo, y cobrar en serio las concesiones industriales que hoy se otorgan casi gratis. Veracruz tiene el agua. Le falta un gobierno dispuesto a cuidarla antes de que termine de arruinarse por completo, o de plano se acabe, azolvada por la deforestación que nadie ha detenido.
