Como una violación a la ley y un atentado a la soberanía de los Congresos locales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actúa de una forma inaudita al poner en tela de juicio “un procedimiento de reforma culminado en forma, tiempo y conceptualmente acorde al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, denunciaron presidentas y presidentes de Congresos locales en desplegados que han publicado en sus respectivas entidades.
Ante lo que han considerado como la búsqueda de establecer una crisis constitucional, por cuenta de los ministros de la SCJN opositores a la reforma constitucional del Poder Judicial, y aprobada ya por las Cámaras alta y baja, además de cuando menos 20 Congresos estatales, las mayorías legislativas reprueban que inclusive busquen en el extranjero tener eco a sus demandas.
“Nos resulta inaudito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga en tela de juicio un procedimiento de reforma culminado en forma, tiempo y conceptualmente acorde al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es pertinente recordarles a dichos ocho ministros que los actos del Poder Reformador no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General, mucho menos en su ley orgánica; y así lo dijo hace unos años el ministro Aguilar Morales al expresar que sería absurdo que existiera una Constitución para algunos y otra para los demás, y hoy, cuando sus intereses son trastocados, él y otros han decidido sacrificar sus convicciones y su compromiso de impartir justicia legítimamente, abriendo puertas a revisiones y consultas injustificadas e ilegales, dejando precedentes nocivos en la historia del constitucionalismo mexicano y exhibiéndose no sólo con la comunidad jurídica al interior del país, sino también en el extranjero”.
Entre los firmantes del desplegado que circula ya en redes sociales y en los sitios oficiales de las legislaturas de los estados, se encuentra la presidenta del Congreso veracruzano, Adriana Esther Martínez Sánchez.
El documento sostiene que “los cambios constitucionales en materia de reforma del Poder Judicial, aprobados y promulgados el día 15 de septiembre de 2024 son un hecho e, invariablemente, se deben acatar. El proceso constitucional que se siguió para ello es legal y, además, apegado a la norma suprema, por lo que al haber concluido en todas sus fases constitucionales es ley inatacable”.
Y sostienen: “Proceder en contravención de lo que ahora estipula la Carta Magna respecto del Poder Judicial o quien se ostente con las atribuciones que la ley no concede, no sólo viola la ley flagrantemente, sino que atenta contra la soberanía de los Congresos locales que, con el cuidadoso seguimiento al procedimiento de reforma constitucional, sometieron a sus plenos la aprobación de los artículos hoy en día vigentes, subrayando que fueron promulgados sin que mediara acto de inconstitucionalidad alguno”.
Para los poderes legislativos locales es imperante defender al poder reformador que tiene representación directa del pueblo soberano y en el que está representada toda la población, pues participan todas y todos los legisladores del país, dicen en documento.
La mayorías legislativas del país externaron su extrañeza “por la actitud de estos ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demandamos públicamente que todos los tribunales de justicia y la Suprema Corte asuman su papel constitucional enmarcado en la actual Ley Suprema tal como ésta lo estipula actualmente. La reforma constitucional al Poder Judicial es Ley Suprema, a cumplirla ya o que el pueblo se los demande”.
