Durante décadas, Pemex construyó parte de su relación con comunidades campesinas e indígenas desde una lógica de imposición técnica y desprecio burocrático. Hubo funcionarios que hablaban con abierta arrogancia de la “industria del reclamo” para referirse a pueblos afectados por derrames, fugas, contaminación de ríos, daños a cultivos o deterioro ambiental provocado por operaciones petroleras. La expresión lo decía todo: retrataba una cultura institucional donde el problema no era el daño, sino quienes exigían reparación.
Por eso resulta relevante la resolución judicial que condiciona el avance del Gasoducto Puerta al Sureste al cumplimiento de medidas ambientales y de protección hacia comunidades indígenas del sur de Veracruz. La jueza federal no ordenó detener la obra, pero sí estableció obligaciones verificables de mitigación, control y protección ambiental mientras se resuelve el fondo del amparo promovido por pueblos popolucas y nahuas.
Durante años, el amparo fue el arma favorita de la oposición política para paralizar obras desde el inicio. Esta resolución es otra cosa. Impone condiciones verificables: información técnica, medidas de mitigación, compromisos concretos de restauración ambiental. Una jueza que exige demostrar antes de avanzar representa algo que México ha visto poco: un poder judicial capaz de proteger sin convertirse en instrumento de bloqueo. Y eso es, precisamente, lo que una reforma judicial debería producir — con independencia de cómo lleguen los jueces al cargo.
Durante mucho tiempo, los megaproyectos energéticos operaron bajo una lógica casi automática: primero se construía y después, si aparecían daños, comenzaban litigios interminables donde las comunidades quedaban en desventaja frente a grandes empresas y estructuras gubernamentales. El daño ambiental terminaba tratado como costo operativo. Las personas afectadas, como problema administrativo.
México arrastra demasiadas experiencias para ignorar ese antecedente. Derrames petroleros, contaminación de cuerpos de agua, afectaciones pesqueras, fugas de hidrocarburos y explosiones dejaron una memoria social particularmente fuerte en regiones petroleras del Golfo. En Veracruz esa historia existe y sigue viva, transmitida entre generaciones.
El sureste necesita infraestructura energética. El propio proyecto busca fortalecer el suministro de gas natural hacia Veracruz y Tabasco como parte de la estrategia energética nacional. Pero precisamente porque se trata de infraestructura estratégica, el Estado debe ser el primer interesado en imponer controles ambientales estrictos, monitoreos independientes y mecanismos reales de reparación preventiva.
La vieja cultura donde las comunidades eran vistas como obstáculo al desarrollo terminó produciendo conflictos sociales permanentes, judicialización de proyectos y desconfianza estructural hacia cualquier intervención energética. Parte del problema provino de la incapacidad histórica de empresas públicas y privadas para reconocer daños, transparentar riesgos y asumir responsabilidades antes de que el deterioro se volviera irreversible.
La resolución judicial introduce otro criterio: prevenir antes que reparar.
Las comunidades popolucas y nahuas argumentan ausencia de consulta previa, libre e informada, y advierten riesgos concretos sobre la pesca, los ecosistemas marinos y formas de vida que no figuran en ningún estudio de impacto ambiental. Ignorar esas voces sistemáticamente sólo profundiza la percepción de que el desarrollo se decide desde arriba y sus costos se distribuyen abajo.
El Estado que construye sin condiciones reales, sin consulta genuina y sin responsabilidades definidas antes del primer daño, carga el precio de la modernidad sobre quienes menos han recibido sus beneficios. Ese modelo ya tiene nombre y ya tiene historia. Repetirlo es una elección.
