Orizaba, Ver.- Veracruz suma nueve crímenes de odio en lo que va del año. De ellos ninguno ha sido esclarecido y la justicia ha sido muy lenta. Organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual exigen que se aclaren los homicidios y en especial el cometido hace una semana en la congregación de La Cuesta, del municipio de Camerino Z. Mendoza.
De acuerdo con Hugo Badillo, activista LGBTIQ+, el estado se mantiene como una de las entidades del país en donde quienes integran la comunidad lésbico- gay son objeto de agresiones que van desde la discriminación hasta abuso físico, y algunos terminan en homicidios.
De hecho, dio a conocer que tras el presunto crimen de odio perpetrado en contra de un hombre de 48 años perteneciente a la población diversa y quien vivía en la localidad La Cuesta, de Camerino Z Mendoza y que fue asesinado a golpes, hay enojo debido a que con este caso suman ya nueve las personas de la diversidad sexual asesinados en el estado.
“La exigencia de que haya una investigación, entera, limpia y honesta, que sea realizada con perspectiva de género es un reclamo de nuestra comunidad. Y si bien en esa zona se rigen por usos y costumbres, que esto no sea una excusa para que no haya justicia para la familia del Eliseo que hoy se llora su muerte”, comentó.
“Pedimos que la investigación sea limpia, honesta. Le pedimos a la fiscal especializada que se haga justicia. Este es un hecho desafortunado y a pesar de que esa localidad rural tiene usos y costumbres que se deben de respetar, nadie tiene el derecho a privar de la vida a nadie por el simple hecho de su expresión de género y orientación sexual”.
Esto es un crimen de odio, “que ojalá y no se quede la carpeta como los otros ocho, en una investigación. Tiene un presunto responsable, que realmente sean las investigaciones y relativamente se lleve con perspectiva de género, con mucho respeto por la zona. Es ridículamente imposible que por la lejanía no se pueda hacer justicia o no se pudo informar antes del delito. Primero fue agredido física y posteriormente fue la muerte de esta persona”.
“Es ilógico que se escuden en decir que la distancia intervino para no hacer justicia pues en las localidades serranas existen agentes municipales, jueces, policías y guardias comunitarias y es imposible que ellos no puedan tener la justicia arraigada. Esta situación relativamente es irrelevante. No hay pretexto para que a un ser humano le quiten la vida y no tenga consecuencias de esta situación”.
Por su parte, Carolina Déctor, representante del colectivo Igualdad, dijo que este hecho “es reprobable. Es condenable. La situación que vive la comunidad lésbico-gay es preocupante, en materia de discriminación y odio pero lamentablemente las personas doblemente vulnerables son las que viven en las zonas serranas. Exigimos que exista un proceso y sea llevado ante la justicia para que se haga responsable de este hecho también.
