Orizaba, Ver.- En plenas redadas migratorias en Estados Unidos, los llamados “polleros” mexicanos han elevado el costo de sus servicios hasta en 25 mil dólares (440 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual), sin ofrecer garantía alguna de llegar con seguridad a territorio estadounidense, denunció Gerardo Gallegos, presidente de la Federación de Migrantes Veracruzanos radicados en Estados Unidos, quien reveló que menores de edad, aún nacidos en Estados Unidos, igual son deportados junto con sus padres detenidos por el ICE.
El dirigente migrante señaló que, mientras las detenciones se intensifican en diversas ciudades estadounidenses, las redes de tráfico de personas han aprovechado el contexto para encarecer sus tarifas. Hace una década, explicó, cruzar la frontera podía costar alrededor de mil dólares; posteriormente la cifra subió a 15 mil, y recientemente se han reportado cobros, en algunos casos de hasta 25 mil dólares por persona; “lo más grave es que no existe ninguna certeza de que realmente los crucen con seguridad. El riesgo es total y el dinero tampoco garantiza nada”, subrayó.
El entrevistado describió un panorama cada vez más complicado para los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han vuelto más intensas y ahora se realizan incluso en los alrededores de escuelas e iglesias, lugares que antes eran considerados espacios sensibles.
Aunque los agentes no ingresan directamente a templos o planteles educativos, permanecen en las inmediaciones para detener a personas que acuden a estos sitios. “Son puntos donde sabían que se refugiaban o se concentraban migrantes, y ahora ahí mismo los esperan”, explicó.
Afirmó que el temor es constante, especialmente para quienes tienen rasgos latinos o no anglosajones. Incluso personas con documentación en regla han sido detenidas temporalmente. Reconoció el caso de una mujer originaria de Orizaba, casada con un ciudadano estadounidense, que permaneció 89 días bajo custodia migratoria pese a acreditar su situación legal. “Ya es una cuestión de terror lo que se vive. La gente solo sale de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, nada más”, comentó.
A esta situación se suma la reducción en el respaldo legal por parte de los consulados mexicanos, pues indicó que los recortes presupuestales en la Secretaría de Relaciones Exteriores han limitado la asesoría jurídica que antes recibían gratuitamente los migrantes detenidos y sus familias. Ahora deben contratar abogados particulares, cuyos honorarios son elevados. “Prácticamente están en la indefensión. Si detienen a alguien, la familia tiene que conseguir dinero para pagar abogados privados”, lamentó.
Si bien organizaciones civiles han reforzado la asesoría gratuita, la magnitud de los operativos —con hasta 30 o 40 detenidos en una sola redada— rebasa la capacidad de apoyo. Gallegos consideró que muchas de estas acciones se concentran en estados gobernados por demócratas, lo que podría formar parte de una estrategia política impulsada por el presidente Donald Trump para generar presión social en territorios opositores.
En el ámbito económico, el impacto ya comienza a notarse. Sectores como la construcción y el campo, donde predomina la mano de obra migrante, enfrentan escasez de trabajadores. Empresarios han reportado dificultades para completar cuadrillas, lo que afecta directamente la productividad.
Asimismo, el flujo migratorio hacia el norte ha disminuido notablemente. En Veracruz, los trenes que antes transportaban a decenas de personas ahora cruzan casi vacíos. Sin embargo, quienes aún intentan cruzar enfrentan no solo el riesgo de las redadas, sino también el abuso económico de traficantes que capitalizan la desesperación. “Algunos dicen que mejor con esos 25 mil dólares ponen un negocio en México”, comentó.
Respecto a deportaciones recientes, indicó que durante enero la Federación no recibió solicitudes de apoyo, lo que genera incertidumbre sobre el destino de algunos detenidos, quienes podrían permanecer en centros de resguardo mientras se revisa su situación legal.
También alertó sobre la vulnerabilidad de los menores cuando sus padres son detenidos. En muchos casos, si los adultos son deportados, los hijos —incluso con ciudadanía estadounidense— deben regresar con ellos al quedar bajo su tutela. “El llamado sueño americano hoy es una pesadilla para muchos”, concluyó, al advertir que la combinación de redadas intensas, menor apoyo consular y encarecimiento del cruce irregular coloca a los migrantes en uno de los momentos más difíciles de los últimos años.
