Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) presentó ante la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso de Veracruz su informe anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, destacando las principales acciones y resultados en beneficio del gremio periodístico.
Durante la comparecencia, encabezada por el Presidente del Pleno de la CEAPP, Luis Orencio Ramírez Baqueiro, y ante la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas, integrada por las diputadas Bertha Rosalía Ahued Malpica, Daniela Flores Barnils y Astrid Sánchez Moguel, se informó sobre los 536 reportes de primer contacto registrados, de los cuales el 14% correspondieron a agresiones físicas y patrimoniales contra periodistas en 31 municipios, incluyendo Xalapa, Poza Rica y Las Choapas.
Ramírez Baqueiro subrayó que, durante el proceso electoral de 2024, se logró un saldo blanco gracias a la iniciativa «Cobertura Electoral Segura». Además, la Dirección de Atención y Protección atendió 221 expedientes y realizó 695 acciones en beneficio de periodistas, mientras que la Dirección Jurídica inició 67 carpetas y realizó 71 acciones legales, incluyendo el seguimiento a casos de años anteriores.
En cuanto al reciente caso de presunta privación de la libertad de un periodista en Poza Rica, la CEAPP informó que coadyuva con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, trabajando en coordinación con autoridades federales y estatales para atender la situación.
El comisionado detalló que en 2024 se destinaron más de 1.4 millones de pesos en medidas de protección, profesionalización, herramientas de trabajo, gastos funerarios y temas de salud para periodistas. También se capacitó a más de 250 periodistas y 212 servidores públicos en libertad de expresión.
La CEAPP llevó a cabo 334 comisiones operativas en 56 municipios, organizó el Premio Periodismo de Investigación y el Foro Veracruzano de Periodismo, con una inversión de más de 250 mil pesos en premios, y cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia y fiscalización.
