Carta abierta a los consejeros universitarios de la Universidad Veracruzana

A las Consejeras y los Consejeros del H. Consejo Universitario General: Quienes suscribimos esta carta hemos tenido el honor y la responsabilidad de encabezar, en distintos momentos, los destinos de la Universidad Veracruzana. Lo hicimos siempre bajo el compromiso inquebrantable de respetar la legalidad, preservar la autonomía universitaria y honrar el pacto ético que sostiene a toda institución de educación pública: ser garante del pensamiento libre, la inclusión y la rendición de cuentas. Hoy nos dirigimos a ustedes, no solo como exrectores, sino como universitarios profundamente preocupados por el momento que atraviesa nuestra casa de estudios. La decisión de la Junta de Gobierno de otorgar una prórroga de cuatro años al actual rector se hizo al margen de la legislación universitaria que mandata una convocatoria abierta, una amplia auscultación de la comunidad universitaria sobre distintas propuestas de trabajo universitario y la libre participación de aspirantes a ocupar el digno cargo de rector de la Universidad Veracruzana. Esa decisión es una grave transgresión a la normatividad y un desmesurado intento de secuestro de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz. Esta tropelía no puede ser admitida por el Consejo Universitario General. La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en su artículo 36, establece con toda claridad que “el rector será designado por la Junta de Gobierno y durará en su encargo cuatro años” y podrá ser nuevamente designado por un segundo periodo consecutivo, siempre y cuando se someta a un procedimiento bien definido en el que deberá competir con otras propuestas de desarrollo universitario presentadas por quienes aspiren al cargo de rector. En ninguna parte del texto legal se mencionan las condiciones, los criterios ni los procedimientos que den sustento a la figura de la prórroga. Peor aún, la Junta de Gobierno no está facultada para modificar la normatividad que rige a la Universidad Veracruzana. Cualquier interpretación y modificación por parte de la Junta de Gobierno a lo que mandata la legislación universitaria es una grave afrenta al sustento jurídico y erosiona la legitimidad del órgano responsable de la designación del rector. Más aún, la Ley de Autonomía de la UV, en su exposición de motivos y en sus disposiciones fundamentales, protege el derecho de la comunidad universitaria para autogobernarse bajo principios de legalidad, participación, deliberación y pluralidad. Violar las normas de sucesión y designación del rector por razones oscuras y argumentaciones legaloides no sólo debilita la autonomía, sino que contradice su espíritu: una universidad libre, formadora de valores universales, no puede funcionar con decisiones reprochables, opacas y, menos, impuestas a partir de la transgresión de la ley.